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A Ultranza: fiscales convocan a exministra de Senad por caso de filtraciones

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La ex ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Graciela Rolon Esquivel, fue convocada para declarar mañana ante un equipo fiscal. Esto en el marco de la causa penal relacionada a las supuestas filtraciones de datos, desde la institución, al presunto narco acusado Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, como una nueva arista dentro del caso A Ultranza.

El equipo fiscal, conformado por los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia, convocó a la exministra de la Senad Zully Rolón, para este viernes a las 8:30 a fin de que la misma pueda brinda declaración testifical en relación a la investigación desprendida del caso A Ultranza, relacionada a filtraciones a la organización de Tío Rico y Sebastián Marset.

La citación del Ministerio Público a la extitular de la entidad antidrogas obedece a que, las filtraciones de información sensible al supuesto narcotraficante paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano, y sobre las cuales posteriormente informaba a su socio, el uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

De las filtraciones desde, específicamente, la Dirección de Investigación Técnica (DIT) de la Senad, hablaba Tío Rico en las conversaciones que mantuvo con Sebastián Marset, a través de la aplicación de mensajes encriptados Sky Ecc. El acusado Miguel Insfrán también hablaba en los chats de que pagaba a funcionarios de la Fiscalía, Delitos Económicos de la Policía y también de la Aduana.

La Unidad de Investigación Sensible de la Senad había informado de las filtraciones por parte de un funcionario de la DIT, al Ministerio Público, ya el 22 de abril de 2022. La información fue agregada a la investigación de A Ultranza Py, que se inició con más de 100 allanamientos el 22 de febrero de ese año.

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Agente está a disposición y pide copia de expediente

Por otra parte, el agente especial de la Senad Mauro Antonio Ruíz Díaz Vallejos, por recomendación de su abogado Milciades Centurión se puso a disposición de la justicia. Además, solicitaron copia de la carpeta de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

De acuerdo con lo que manifestó el abogado Centurión, Mauro Ruíz Díaz no está sindicado ni es sospechoso de las filtraciones al grupo narcotraficante, a las cuales se lo vincula, ya que la carátula de la pesquisa está como “personas innominadas”. Sin embargo, “pese a eso creímos oportuno que se ponga a disposición”, señaló el letrado a ABC.

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Inteligencia de Senad alertó de filtraciones

Según consta en las 713 páginas de la acusación del fiscal de Narcotráfico Deny Yoon Pak contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, el 22 de abril de 2022 la Fiscalía recibió la nota SIU N° 063/2022, remitida por el Director de Investigación Sensitiva de la Senad. En el documento “informó sobre las filtraciones y posibles corrupciones detectadas a lo largo de la investigación, previos a los procedimientos realizados dentro del operativo A Ultranza Py”.

En tal sentido se debe destacar que las filtraciones se dieron entre los años 2020 y 2021, cuando se llevaban a cabo investigaciones que culminaron con la ejecución del operativo A Ultranza, en el año 2022.

En tal sentido, a través de la Nota N° 409, del 28 de abril de 2022, se remitió a la Fiscalía Adjunta Especializada en Luccha contra el Narcotráfico, para dar inicio a la investigación de las supuestas filtraciones de información que fueron comunicadas por la Nota N° 063/2022. Posteriormente, el caso fue derivado a la unidad de Anticorrupción de la Fiscalía.

Ese mismo año se dispuso la apertura de la causa penal N° 58/2022 bajo la carátula de “personas innominadas s/ frustración de la persecución y ejecución penal y otros”, la cual fue asignada al fiscal Francisco Cabrera de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

El fiscal general del Estado Emiliano Rolón, por Resolución FGE N° 732, del 4 de marzo de 2024, dispuso la conformación de un equipo investigador en esta causa con la integración de los fiscales Jorge Arce y Diego Arzamendia. Esta disposición se tomó luego de 2 años de que se haya comunicado el ilícito al Ministerio Público.

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