El excandidato a intendente de Abaí, Sebastián Álvarez (PLRA), denunció en tiempo y forma en diversos estamentos los presuntos delitos electorales ocurridos el 10 de septiembre en el distrito de Abaí, pero fueron declarados improcedentes. El Tribunal de Justicia Electoral, integrado por los ministros Jaime Bestard, César Russell y Jorge Bogarín, igualmente declararon mal consentido el recurso de apelación en contra de la resolución del Tribunal de Apelaciones, presentado en su momento por el exintendentable.
Según el escrito presentado en la Corte Suprema de Justicia por el apoderado del PLRA en el departamento de Caazapá, Orlando Rojas Villalba, todas las reclamaciones se presentaron en el momento oportuno, ya sea en el local de votación, en las distintas mesas, ante el fiscal electoral, juez electoral y ante el Tribunal Electoral de Villarrica. Todo se realizó en el marco de la ley, afirma el letrado.
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El abogado Orlando Rojas dijo que llama la atención que el candidato colorado, quien presuntamente ganó las elecciones en forma “fraudulenta”, siendo un profesional del derecho que juró hacer cumplir las leyes no haya tenido empacho en asumir un cargo ganado mediante trampa, inducción al voto, carga de urnas y hasta con amenazas, sentenció.
Según el escrito presentado a la CSJ existen pruebas suficientes que pueden lleva a la nulidad de las elecciones en Abaí y que fueron arrimadas a los jueces electorales, fiscales asignados, tribunal electoral, pero que fueron rechazados supuestamente por “improcedentes”.
El intendente de Abaí, Carlos Carvallo (ANR-HC), al ser consultado sobre las acciones, dijo que todavía no fue notificado sobre la presentación del escrito de acción de inconstitucionalidad. Aunque agregó que es un tema juzgado y rechazado por improcedente.
Carvallo indicó que el candidato liberal erró el camino, ya que tenía que denunciar las supuestas irregularidades en el fuero penal ordinario y no electoral. Dijo que, además, salió tercero, por lo que no tienen sentido las acciones presentadas.