Octavio Álvarez Ramírez, de 62 años, refugiado en la Argentina desde finales del año 2006, tras ser imputado como autor del homicidio del funcionario municipal Alcides Arzamendia Vargas, se entregó a la Justicia el pasado lunes 6 de mayo, luego de casi 18 años; y el juez de Garantías de San Juan Nepomuceno, Carlos Darío Flores Rojas, ordenó su arresto domiciliario con control policial aleatorio.
El juez de Garantías del distrito de la Circunscripción Judicial de Caazapá resaltó en su resolución que tanto el peligro de fuga del imputado como el peligro de obstrucción al presente proceso se pueden evitar con medidas alternativas a la prisión.
Lea más: Sindicado por el crimen de funcionario municipal se presentó ante la Justicia
Unite al canal de ABC en WhatsApp
En consecuencia, además del arresto domiciliario, le impuso a Álvarez Ramírez una fianza real de G. 350 millones consistente en un inmueble que está a nombre de la señora Elisa Acosta de Álvarez, ubicado en Abaí (Caazapá); prohibición de mantener comunicación con los familiares de la víctima y obligación de comunicarse cada 15 días con la secretaría del Juzgado de Garantías.
Si el procesado incumple alguna de las medidas, el juzgado revocará el arresto domiciliario y ordenará su prisión preventiva.
Querella pide prisión de presunto homicida
La esposa de la víctima fatal, Irene Vargas viuda de Arzamendia, en su carácter de querellante, apeló el arresto del procesado como responsable del crimen de su esposo y solicitó a la Cámara de Apelaciones que ordene su prisión preventiva.
En la apelación general planteada bajo patrocinio del Abg. Federico Espinoza, la querellante puntualiza que la resolución del juez Carlos Darío Flores Rojas carece de fundamentos fácticos y jurídicos, ya que el magistrado se limitó a transcribir actos procesales, además de artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal.
Lea más: Detienen en Argentina a sospechoso de asesinato de funcionario municipal
“Resulta evidente que el órgano jurisdiccional dispuso el arresto domiciliario mediante una resolución contradictoria y sin precedentes en los tribunales de nuestro país, en un caso con estas características, en el que el imputado estuvo prófugo por un tiempo casi igual a la de una generación”, dice parte del recurso interpuesto por la querella adhesiva.
Con estos fundamentos, solicita al tribunal de alzada que anule la resolución del juez Carlos Flores, decrete la prisión del imputado y envíe el expediente a otro juzgado de Garantías para que dé cumplimiento a la medida.
El crimen del funcionario Alcides Arzamendia Vargas ocurrió en la noche del 15 de noviembre del año 2006, días antes de las Elecciones Municipales de ese año.
Fiscal se allanó a arresto domiciliario
El fiscal José Alberto Núñez Ruiz Díaz, de San Juan Nepomuceno, se allanó al arresto domiciliario que solicitó la defensa del procesado Octavio Álvarez Ramírez, con el argumento que el mismo ya cumplió prisión preventiva por dos años, en el marco de la extradición solicitada en la presente causa penal.
Lea más: Primer político de la zona noroeste que asumirá como gobernador de Caazapá
El agente del Ministerio Público agregó al juzgado de Garantías que Álvarez Ramírez se entregó de manera voluntaria, permitiendo la reapertura del proceso después de tanto tiempo; y que la fianza ofrecida garantiza su sujeción a la investigación judicial.