El juez penal de garantías Mirko Valinotti elevó a la instancia de juicio oral y público la causa “Camilo Aníbal Enrique Recalde Dávalos y otros s/ Lesión de confianza”, en relación al encausado Carlos Antonio Valenzuela Dávalos, acusado por lesión de confianza en relación a un perjuicio de G. 1.650 millones atribuidos a él, dentro del desfalco de más de G. 16.000 millones causado en 2013 al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), ex Senavitat, con la ejecución de proyectos para construir más de 300 viviendas en diversas localidades.
En la audiencia preliminar , el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), quien se ratificó en la acusación contra Carlos Antonio Valenzuela.
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Por este mismo caso, en diciembre de 2024 por AI N° 1044 el magistrado elevó a la instancia de debate público la causa, pero en relación a la esposa de Valenzuela, Carol Patricia Turrini Ayala, quien era presidenta de la “Cooperativa Mi Casita”, en la que se habían depositado G.1.654.050.000, los cuales fueron extraídos y cobrados, mediante hojas de cheques, por los investigados en esta causa.
Cabe resaltar que esta causa también ya cuenta con condenados desde el 2021. En esa ocasión, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Cándida Fleitas, e integrado por Juan Carlos Zárate y Héctor Capurro, al exdirector de Administración y Finanzas de la ex Senavitat, Rufino González y al representante de la constructora CISA, Luciano Barreto a 4 años y 6 meses de prisión.
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En aquella ocasión, a la pareja conformada por Carlos Valenzuela y Carol Turrini se les había otorgado la suspensión condicional del procedimiento, con la premisa de que debían reparar el daño causado. Sin embargo, en cinco años no transfirieron las sumas de dinero y la salida procesal les fue revocad.
Antecedentes del caso
De acuerdo con los antecedentes mencionados en la acusación, en 2009 se creó el Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis), que trabaja conjuntamente con la Secretaría Nacional de la Vivienda Habitat (Senavitat), actualmente denominado Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Luego en 2010 se creó el Servicio de Asistencia Técnica (SAT), que está constituida por entidades de tipo variado.
En el 2011, Camilo Recalde (procesado y prófugo en la causa, según fiscalia) solicitó la habilitación y registro del SAT ante la Senavitat. Ese mismo año fue habilitado tras cumplir con lo exigido en el reglamento del Fonavis. Luego de todo ese proceso, Recalde presentó varios proyectos en calidad de soluciones habitacionales para integrantes del SAT, entidad a la cual él representaba.
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En 2012 se aprobó el Plan Maestro para el otorgamiento de subsidios Habitacionales a travéz de Fonavis. Se abrió el llamado Ad referendum a Inscripción Nacional Programa Fonavis dirigido a familias de escasos recursos.
En el 2013, Camilo Recalde recibió por parte de los beneficiarios de la Senavitat, la suma de G. 16.750.242.827 para la construcción y culminación de 321 viviendas sociales en distintas localidades del país, Según fiscalía la empresa “Constructora SI SA” ejecutó el 28,06% del total, y la firma “Constructora AREA” 27,54% de lo que se debió de construir.
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Desembolsos y cobros de cheques
En ese contexto y según la cesión del dinero, la Senavitat entregó a Camilo Recalde la suma de G. 16.750.242.827, en 18 cheques, de los cuales nueve documentos de pago fueron con cargo al Banco Nacional de Fomento y otros nueve con cargo al Banco Amambay. Así también, tres de las hojas de cobro que fueron emitidas con cargo a esta última entidad, no fueron efectivizadas pero sí anuladas y canjeadas por otros tres cheques que fueron entregados luego a Recalde.
Luego de esas operaciones, los 14 cheques que fueron girados a la orden de Camilo Recalde, de la cuenta corriente abierta a nombre de la Senavitat en el Banco Nacional de Fomento y Banco Amambay fueron endosados por el SAT Camilo Recalde y después, depositados por Carlos Valenzuela y su esposa Carol Turrini en la cuenta corriente abierta a nombre de la Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua “Mi Casita” presidida por Turrini.
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Esos 14 cheques emitidos a la orden de Camilo Recalde por valor de G. 16.750.242.827, fueron endosados por el procesado y depositados por Carol Turrini, 10 en relación a ella, y cuatro por parte de Carlos Valenzuela, en la cuenta a nombre de la “Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua Mi Casita”.
Según lo señalado por la Fiscalía, Camilo Recalde era el encargado de las contrataciones y pagos a las empresas constructoras. Sin embargo, el mismo no cumplió con ea labor, pues no administró el dinero y solo llegó a efectivizar ocho cheques por la suma de G. 219.000.000.
Así se pudo constatar que, eel dinero depositado en la cuenta corriente de la “Cooperativa Mi Casita” en el BNF y que fue entregado a Camilo Recald, para la construcción de las casas correspondientes a los 12 proyectos, fue retirado por medio de cheques donde fueron las giradoras y firmantes de las órdenes de pago Rebeca Valenzuela, sobrina de Carlos Valenzuela, y la enjuiciable Carol Turrini, esposa de Carlos Valenzuela.
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Desfalco a la Senavitat a través de varias personas
La operación de desfalco, siempre según el Ministerio Público, se llevó a cabo mediante el cobro de varios cheques que fueron girados a la orden de Carol Turrini, Carlos Valenzuela, Luciano Barreto, Hugo César Acevedo, así como a personas relacionados los citados.
De esta forma se constató que Luciano Óscar Barreto cobró un total de 25 cheques por un valor total de G. 5.415.397.996, cuando que la suma de infraestructura de lo ejecutado estimado en obras de los 8 Proyectos que le fueron encomendados fue de G. 2.469.750.098. Esto en relación a la “constructora SI SA”.
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Mientras que en relación a la constructora AREA, ligada a Hugo César Acevedo, la Fiscalía observó que terceras personas vinculadas a él, como su hermana Sara Acevedo Ortiz, su cuñado Víctor Manuel Adorno, y Carlos Alberto Samudio, cobraron en total 23 cheques por valor total de G. 3.198.336.200.
Por su parte, el acusado Carlos Valenzuela, esposo de Carol Turrini, sin ninguna relación contractual con Camilo Recalde, ni con el SAT, cobró 18 cheques al portador girados contra la cuenta de “Mi Casita” en el BNF, por la suma de G. 1.053.550.000 y, también cobró cuatro cheques girados contra la misma cuenta por G. 640.500.000, que totalizaron G. 1.654.050.000 montos estos que no fueron justificados.
Por su parte Carol Turrini Ayala, esposa de Carlos Valenzuela y presidenta de la Cooperativa “Mi Casita”, que estaba autorizada a girar cheques de la cuenta corriente abierta en el BNF, retiró un cheque de G. 420.000.000 de ella, que fue girado por ella a la orden de su esposo. Luego, cobró cheques girados al portador por G. 526.884.785, con lo que totalizó la suma del retiro injustificado en G. 946.884.785.
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Igualmente, Sergio Enrique León Arevalos, secretario de Carlos Valenzuela cobró cheques de la cuenta de “Mi Casita” en el BNF por G. 725.500.000, y León entrebó este dinero a Valenzuela, sin justificación alguna.
Por último, Carlos Augusto Ferreira Cañete, cuya esposa Zaida Rocio Valenzuela, hermana de Carlos Valenzuela y escribana que certificó las firmas de los beneficiarios de los 12 Proyectos al momento del endoso del certificado de subsidio que otorgó la Senavitat, cobró cheques a la orden de Carlos Valenzuela, así como cheques al portador, totalizando la suma de G. 239.768.180.
