El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia para llevar a cabo la nueva audiencia preliminar a la ex jueza en lo Civil Tania Irún, acusada de supuesto prevaricato por la entrega de 310.000 hectáreas en el Chaco. La Cámara anuló la elevación de la causa a juicio oral y cuestionó las posturas contrapuestas del Ministerio Público.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) integrada por los ministros Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón; y la camarista María Belén Agüero, resolvió la contienda de competencia negativa suscitada en la causa penal que afronta la ex jueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Carolina Rosa Irún Ayala, acusada de presunto prevaricato.
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Dicha contienda se dio entre la jueza de Garantías Rossana Diana Carvallo y el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno Humberto René Otazú Fernández; y el máximo tribunal resolvió confirmar al magistrado para realizar la nueva a audiencia preliminar de la ex magistrada.
Este conflicto de competencia negativa se suscitó luego que el Tribunal de Apelación Penal 3ª Sala de la Capital, con voto en mayoría, anulara el Auto Interlocutorio N° 742 del 20 de agosto de 2024, dictado por el juez de Garantías Yoan Paul López, que elevó a juicio oral y público la causa penal que afronta Tania Irún.
El tribunal de alzada adoptó de oficio la decisión, con los votos de los camaristas Cristóbal Sánchez (preopinante) y Agustín Lovera Cañete; mientras que el magistrado José Waldir Servín votó, en minoría, por declarar inadmisible el recurso de apelación planteado por la defensa y confirmar el auto de elevación a juicio oral y público.
Nueva preliminar para Tania Irún
La Sala Penal de la CSJ ya remitió el expediente al juzgado de Garantías a cargo de Humberto Otazú, quien una vez que ponga a conocimiento de las partes la decisión de la Sala Penal deberá fijar fecha para llevar a cabo la audiencia preliminar, en la que tendrá que estudiar el requerimiento presentado por la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción Soledad Machuca.
La acusación fiscal contra Irún es por supuesto prevaricato en la resolución de la demanda de las firmas Cusabo, Kyveloria, Firstar Investments y Elite Kingdom por cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública; planteada en contra de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.
El Ministerio Público señala que la Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza, confirmó que 22 de las 26 fincas situadas en el Alto Paraguay están ubicadas en zona de seguridad fronteriza, de acuerdo a las copias autenticadas del mapa remitidas a la Fiscalía.
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En consecuencia, Tania Irún Ayala dictó la Sentencia Definitiva N° 494 del 23 de noviembre de 2018 sin tener por descartado que las firmas mencionadas tenían socios o representantes legales de países limítrofes, acciones al portador y/o en su caso títulos societarios endosables, de acuerdo a la acusación fiscal.
