La Contraloría General de la República (CGR), dirigida por Camilo Benítez, aún no ha culminado la “fiscalización especial inmediata (FEI)” que comenzó en enero de 2023 sobre las obras del inservible acueducto del Chaco, un proyecto que fue ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Las obras comenzaron en 2012 y fueron finalizadas durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, abarcando tres administraciones. En total, el MOPC desembolsó más de US$ 100 millones para una obra que resultó un fracaso.
El ente de control informó, a través de su departamento de comunicaciones, que el borrador de la auditoría actualmente se encuentra en el área jurídica, donde se están evaluando las observaciones que podrían ser indicios de hechos punibles, para su eventual denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, señalaron que aún no hay una fecha definida para la finalización del informe.
“El informe final se encuentra en etapa de borrador, pues sigue en verificación por parte del área jurídica”, indicaron desde la CGR. Intentamos obtener más detalles directamente del contralor Camilo Benítez, pero no recibimos respuesta.
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MOPC y exministros retrasaron informes
Benítez había informado en noviembre de 2023 que el informe final se retrasó debido a las prórrogas solicitadas por el MOPC y los exministros de la institución. Aseguró que todos los involucrados tienen la oportunidad de realizar sus descargos sobre las observaciones preliminares, las cuales aún no han sido divulgadas. Este mismo argumento fue presentado en agosto del mismo año cuando se le preguntó sobre el tema.
El contralor también mencionó en esa ocasión que la actual ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, ya había solicitado cuatro prórrogas para responder a las observaciones de la CGR. Señaló que los exministros de Obras Públicas, Enrique Salyn Buzarquis y Rodolfo Segovia, fueron los únicos en responder a la Contraloría, a finales de octubre de 2023, mientras que el exministro Ramón Jiménez Gaona solicitó varias postergaciones. En ese momento, exministro Arnoldo Wiens, no respondió en ningún momento al organismo de control.
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El MOPC ya ha pagado más de US$ 100 millones por las quince contrataciones (ver infografía) realizadas para ejecutar esta obra, cuya construcción duró 10 años, pero que sigue sin funcionar hasta el día de hoy. Los 203 km de cañerías instaladas desde Puerto Casado hasta Loma Plata resultaron inservibles, con reparaciones constantes por parte de la Essap durante su corto funcionamiento.
Los contratos se adjudicaron y ejecutaron durante los gobiernos de Federico Franco, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, pero las “inversiones” realizadas no han tenido el impacto esperado, ya que el agua sigue sin llegar a las comunidades que debían beneficiarse con el proyecto. La fallida obra involucra a los exministros Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona, Arnoldo Wiens y, en su última fase, a Rodolfo Segovia.
La ministra del MOPC, Claudia Centurión, anunció apenas asumió el cargo que iban a realizar verificaciones de los 203 kilómetros de cañerías, un trabajo que estuvo a cargo del entonces viceministro de Obras, Ing. José Espinosa, quien renunció a su cargo en medio de estos trabajos. Hasta la fecha, no se ha informado nada sobre dicho informe de verificación.
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Obra tuvo sobrecostos
El MOPC pagó G. 735.409 millones (unos US$ 100 millones) a los 15 consorcios encargados de construir, fiscalizar y diseñar el inservible acueducto del Chaco (fases 1, 2 y 3), según informó el propio MOPC. Todos los contratos experimentaron incrementos de alrededor del 20%, que permite la ley, e incluso uno de ellos tuvo un sobrecosto del 60%.
La fase 1, iniciada durante la presidencia de Federico Franco, se adjudicó por G. 400.732 millones, pero terminó costando G. 432.282 millones (US$ 58 millones). Esta fase, que incluyó la construcción de las instalaciones para la captación y tratamiento del agua del río Paraguay en Puerto Casado, y el acueducto de 203 km hasta un reservorio en Loma Plata, sigue sin funcionar.
Las fases 2 y 3, que se iniciaron durante el gobierno de Horacio Cartes y fueron completadas en su totalidad bajo la administración de Mario Abdo Benítez, aún no han sido probadas debido al fracaso de la fase 1, según el MOPC. Estas fases fueron adjudicadas por G. 203.568 millones, pero finalmente el MOPC terminó pagando G. 303.126 millones (US$ 41,2 millones) debido a los sobrecostos.
