Se abrió el telón, la obra estaba a punto de empezar, todos sentados expectantes para ver cómo Mandrake, el mago del Ministerio Público, sorteaba uno de los desafíos más importantes que pesaba sobre la institución a cargo de Emiliano Rolón Fernández, de presentar el requerimiento conclusivo en la investigación abierta contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, exministros y funcionarios de su Gobierno por supuestas filtraciones de información confidencial sobre Horacio Cartes.
Pero esta vez, como en tantas otras, “Mandrake” no apareció en escena. En su lugar, aparecieron unos verdaderos magos del oficio, los “Mandrakitos” del Ministerio Público, utilizando una expresión del diputado colorado Roberto González. El mismo aludía a la renuncia del fiscal Guillermo Sanabria, presentada poco antes de fenecer el plazo para presentar el escrito conclusivo contra los exfuncionarios del Gobierno anterior. Y allí aparecieron firmando la acusación los fiscales Silvia González Vester y Christian Benítez Cáceres, quienes, es de suponer, difícilmente hayan tenido tiempo para interiorizarse de los numerosos tomos del expediente que conformaban el caso, salvo –recurriendo a lo señalado por el diputado González– que fueran unos magos, o “Mandrakitos”.
González Vester y Benítez Cáceres son dos fiscales que fueron asignados al caso tras la recusación de los fiscales Elva Cáceres y César Sosa y la sorpresiva renuncia del fiscal Guillermo Sanabria, de quien se sospecha que se negaba a firmar la acusación, y en vista de que el fiscal originario de la causa, Osmar Segovia, fue enviado al “freezer”, en una fiscalía del interior del país tras los procedimientos en los cuales se logró incautar el celular del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes, que sigue siendo la piedra del escándalo por el destape de supuestos hechos de corrupción y aparentes vínculos de políticos y miembros de la judicatura con el crimen organizado.
Lo llamativo del caso, repetimos, es que estos “Mandrakitos” del oficio fueron asignados a la investigación de los varios tomos, con notoria celeridad, apenas horas antes de la acusación. Sin embargo, como por arte de magia presentaron puntualmente un escrito de 60 páginas en las cuales fundamentan el requerimiento y acusaron por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, revelación de secretos de servicio y denuncia falsa, solicitando se eleve el caso a juicio oral y público en contra de los exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández y otros cuatro funcionarios del Gobierno de Abdo Benítez.
La rápida acción del fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, que nombró a dos fiscales para presentar acusación demuestra que los hechos de magia parecen ocurrir en el Ministerio Público cuando las cartas están echadas y cuando aparentemente existe un compromiso que no es precisamente con la sociedad. Pero no suele notarse, por ejemplo, tanta diligencia cuando se trata de investigar casos de niños desaparecidos, el secuestro de compatriotas por delincuentes que se hacen pasar por supuestos guerrilleros, resolver casos de corrupción, o determinar la autoría moral del magnicidio del fiscal Marcelo Pecci. En esos casos la varita mágica pareciera no funcionar. Ni Mandrake puede hacer milagros, a juzgar por las palabras del propio fiscal general.
La fiscalía ha demostrado ser totalmente funcional al poder político de turno. Prueba de ello son los mensajes filtrados entre Pedro Ovelar, el abogado de Horacio Cartes, y el fiscal Aldo Cantero, donde este último demuestra una absoluta sumisión, como evidenciando que su verdadero “jefe” no es precisamente el fiscal general.
En un verdadero Estado de derecho, los fiscales involucrados en transacciones, conversaciones inmorales y hasta delictivas con el poder político o con personas vinculadas con oscuros negocios, son investigados y hasta obligados a renunciar. ¿Cómo podemos confiar en investigaciones que realiza el Ministerio Público si todo da cuenta de que la corrupción hizo metástasis en la institución y nuestros representantes han dejado de serlo, aparentando que responden al dinero de la mafia política? ¿Cómo creer en datos de inteligencia que pueda proveer, por ejemplo, Marco Alcaraz, actual director nacional de Inteligencia, si según los chats revelados del teléfono de Eulalio “Lalo” Gomes, pareciera que tiene patrones que le dicen cómo direccionar la investigación, qué hacer y a quién perseguir a cambio de un “obsequio prémium”.
Esto solo nos deja pensando: ¿cuántas personas habrán sido perjudicadas con este tipo de actuar direccionado? ¿Cuántos culpables habrán sido favorecidos con las investigaciones? Hoy no sabemos cuánto de justicia real existe en las investigaciones fiscales y en las sentencias de los jueces; lo que sí parece trascender es que varios de ellos son obsecuentes a la mafia política y al crimen organizado.
Ni un minuto más deberían estar en sus cargos jueces y fiscales que aparecen transando casos con políticos o sus abogados, como indican los chats filtrados. Con esto, Emiliano Rolón Fernández también parece demostrar que su alto cargo, representando a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales y sus conocimientos legales de “erudito profesor de derecho penal”, no le impide, con su actitud indiferente o complaciente, ser funcional a la mafia política que gobierna el país.
De esta manera, los próximos meses, el país se debatirá nuevamente en temas estériles, entre el desafuero o no de un expresidente y el sometimiento consabido de la Justicia al poder político. Nada nuevo. En uno o dos años, toda esta disputa quedará olvidada y nuevamente el “todos somos 1″ resonará. Mientras tanto, la salud, la educación, la inseguridad, la inflación y los escándalos de corrupción pública que debe soportar a diario la ciudadanía, quedarán postergados. Como hoy, como siempre. Y es aquí donde se cierra el telón.
