- La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado decidió aplazar el dictamen sobre el proyecto de ley que busca prohibir el uso del padrón nacional en elecciones de la oposición.
- Legisladores como Eduardo Nakayama y Rafael Filizzola advirtieron que la normativa pretende cercenar la participación ciudadana y favorecer al Partido Colorado.
- Ahora, con el nuevo proyecto de ley, advierten que se busca “mutilar” el padrón nacional y afectar la organización electoral de la oposición.
Senadores de la oposición denunciaron un nuevo intento del cartismo de restringir la participación electoral con un proyecto de ley que busca impedir que la concertación opositora utilice el padrón nacional en sus elecciones internas. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, fue analizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, pero su dictamen fue postergado ante las críticas de legisladores opositores.
La normativa en cuestión modifica la Ley N° 3212/2007, que regula el uso del padrón nacional en elecciones de concertaciones. El senador Eduardo Nakayama (independiente) advirtió que se trata de una nueva limitación a la participación ciudadana, recordando que ya el año pasado se aprobó otra ley que restringe el derecho al voto de paraguayos en el exterior.
“Se está mutilando el padrón nacional, que es un instrumento público y no pertenece a ningún partido en particular. Esto atenta contra la democracia, cuya base es la elección y la participación”, expresó Nakayama.
La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) también cuestionó la propuesta, señalando que “es una ley hecha para partidos de la oposición, presentada por un diputado colorado, con reglas del Partido Colorado”. A su vez, el senador Rafael Filizzola (PDP) criticó el dictamen de la Justicia Electoral por considerar que minimiza el impacto de la normativa y lo calificó como “liviano y temerario”.
Por su parte, Silvio Ortiz, director de partidos políticos de la Justicia Electoral, defendió la postura del organismo, argumentando que la revisión del proyecto no contradice principios electorales. Sin embargo, los senadores opositores objetaron que el dictamen fue elaborado por funcionarios que, según ellos, carecen de formación jurídica para evaluar la cuestión.
Ante las críticas, la Comisión de Asuntos Constitucionales decidió postergar la emisión del dictamen y remitir el proyecto a los partidos políticos para su análisis. La normativa tiene un plazo de tres meses para ser tratada en el Senado antes de su sanción ficta.
