El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) realizó hoy una sesión extraordinaria para tratar tres temas: el enjuiciamiento de oficio de dos jueces de paz investigados en el marco de la causa conocida como “Mafia de los pagarés” y la medida de suspensión solicitada para una jueza de Caacupé.
El primer tema tratado fue la situación del juez de Paz de La Recoleta Víctor Nilo Rodríguez, cuyo enjuiciamiento y suspensión sin goce de sueldo fue solicitada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) César Garay Zuccolillo, actual presidente del JEM.
Garay recordó que la actuación de Rodríguez quedó en la mira del Jurado tras conocerse que la empresa de créditos Compañía Administradora de Riesgos S.A. “Carsa) procedió a la devolución de 10 mil expedientes, situación ampliamente difundida por distintos medios periodísticos.
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Auditoría de la CSJ detectó irregularidades en más de 8 mil expedientes
El presidente del JEM resaltó que además de las publicaciones periodísticas mencionadas, el JEM también cuenta con la conclusión del trabajo realizado por la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la CSJ, que detectó una serie de irregularidades en los expedientes mencionados. Precisamente por esta razón, la máxima instancia judicial resolvió remitir los antecedentes del caso al Jurado.
Una de las anomalías detectadas es la existencia de resoluciones sin fecha, con firma del juez y funcionarios, observada en 434 expedientes. Otra irregularidad consistió en haber dictado providencias que autorizan el retiro de expedientes, pero sin fijar plazo para devolución como establece la legislación vigente, lo cual se detectó en 7.927 causas.
La tercera causal por la que se enjuicia a Rodríguez es por haber permitido que funcionarios a su cargo no observen disposiciones legales, propuesta acompañada por la vicepresidenta 1ª Alicia Pucheta y por los demás miembros los senadores Mario Varela y Derlis Maidana, el diputado Alejandro Aguilera y el consejro Enrique Berni.
La abogada Cristina Armoa Santander fue designada fiscala acusadora en esta causa.
Resoluciones sin fechas, en 65 expedientes
Posteriormente, el Jurado procedió a analizar la situación de la jueza Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, titular del Juzgado de Paz de La Catedral, cuyo enjuiciamiento de oficio fue solicitado por la vicepresidenta Alicia Pucheta, en atención a irregularidades detectadas en la auditoría realizada por la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la CSJ, a cargo del abogado Rodolfo Heyn.
Específicamente, Pucheta destacó que en 65 expedientes se pudo constatar que tenían resoluciones firmadas por la magistrada y sus funcionarios sin fecha.
“El hecho sindicado reviste gravedad en razón a que porque podría constituir irregularidades y/o posibles faltas a las formalidades exigidas por el código de forma en la tramitación de sendas causas judiciales. Repito 65 expedientes, los cuales habrían perjudicado a varias personas, desembocando así en un supuesto esquema de operaciones denominado “Mafia de los pagarés””, expresó Pucheta.
“Maquinaciones jurídicas” en caso “Mafia de los pagarés” no deben quedar impunes
“Más aún, la situación reviste de gravedad puesto que el juzgado de Paz, como lo dijo el presidente, es el primer eslabón para el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, por lo que es inaceptable que esto funcione en detrimiento de derechos fundamentales, especialmente los derechos sociales de las personas vulnerables y de la institucionalidad de la República”, concluyó Pucheta.
La postura de Pucheta fue acompañada por los demás miembros del Jurado y a su turno, Enrique Berni agregó una causal más, que es la de haber permitido que funcionarios a su cargo no observen disposiciones legales.
“Históricamente mucha gente en nuestro país ha sido perjudicada por estas maquinaciones jurídicas hechas por personas encargadas de administrar una delicada función la cual es la del poder jurisdiccional, por ello es importante investigar, aclarar y que no vuelvan a ocurrir este tipo de ilicitudes, aprovechándose de las personas que no tienen un amplio conocimiento del derecho o han sido sorprendidas en su buena fe”, agregó Maidana en la ocasión.
El fiscal acusador designado para este caso es Celso Ayala.
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JEM pide suspensión hasta la conclusión del enjuiciamiento
En atención a que Nathalia Garcete se encuentra suspendida, Pucheta solicitó que se mantenga la suspensión por el tiempo en que dure su enjuiciamiento, petición formulada igualmente con relación a Rodríguez, igualmente con acompañamiento de los demás integrantes del Jurado.
Este punto sin lugar a dudas será objeto de debate en la Corte Suprema de Justicia, que desde algún tiempo aplica una acordada que dispone que la suspensión del magistrado no puede durar más de un mes.
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Precisamente el tercer tema tratado en la sesión extraordinaria fue un nuevo pedido de suspensión de la jueza penal de garantías de Caacupé Cynthia Páez Mancuello, enjuiciada por supuesto mal desempeño de sus funciones presuntamente cometido al otorgar un habeas corpus a Domingo Vera Vera y ordenar la internación de Francisco de los Santos Ayala, ambos procesados por supuesto narcotráfico, al parecer sin la debida justificación.
En este caso, la Corte dejó sin efecto la suspensión de la jueza por haber cumplido un mes, motivo por el cual la fiscala acusadora solicitó reestablecer la medida pues, a su criterio, no existe hecho nuevo que modifiquen las circunstancias que motivaron la suspensión, criterio compartido de manera unánime por los integrante del JEM. En consecuencia, se solicitó nuevamente la suspensión de la magistrada, decisión que queda ahora a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
