En algún momento la oficina local de la Drug Enforcement Agency (DEA) de Estados Unidos activó un expediente contra el diputado Lalo Gómez.
Canalizó el tema a través de “Sensible Intelligence Unit” (SIU), así en inglés, de la Policía Nacional, guiada también por la misma oficina local de la DEA, puenteando a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), que impulsó el expediente ante la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, también vinculada con la oficina local de la DEA y con la oficina local de la ahora cerrada “United States Agency for International Development” (USAID), que obtuvo sin demasiado trámite autorización del juez “de garantías” Osmar Legal, también niño mimado de las oficinas locales de la DEA y USAID, para allanar la casa del diputado.
Supuestamente, por “protocolos” de la oficina local de la DEA y de SIU de la Policía no se informó al comandante de la fuerza, Carlos Benítez, ni a su jefe constitucional, el ministro del Interior Enrique Riera, aunque el allanamiento implicaba a un miembro en funciones de la Cámara de Diputados, a pesar de ser un avance no autorizado por nuestra Constitución del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo.
El juez “de garantías” Legal no solamente no garantizó ningún derecho del diputado Gómez como es su obligación constitucional y legal expresa y taxativa, sino que en su autorización de allanamiento dispuso la posibilidad de privar de libertad “a cualquiera” en la casa del diputado, lo que incluía al propio legislador, violando groseramente el Artículo 191 de nuestra Constitución que protege a los miembros del Congreso con inmunidad de arresto.
El resultado fue el asesinato del diputado Gómez, un miembro del Congreso elegido por el pueblo, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en un turbio procedimiento realizado a las tres de la madrugada sin necesidad documentada alguna.
Extrañamente, el comandante de Policía y el ministro del Interior encubrieron el operativo. Lo propio hizo el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, algunos de cuyos miembros han tenido vínculos con la oficina local de USAID.
Más extrañamente todavía el movimiento Honor Colorado, en el ejercicio del gobierno nacional, al que pertenecía Gómez en el momento de los hechos, da hasta ahora largas al asesinato, presumiblemente por directivas emanadas de su Comando Político.
Parece evidente que el gobierno y su base política no quieren líos con las oficinas locales de la DEA y lo que quede todavía operando de la de USAID, supongo que en el entendimiento de que al hacerlo se evitan otro lio mayor eventualmente con el gobierno norteamericano.
Si lo anterior es cierto, no es buena política y nada bueno saldrá de allí, porque implica mantener el copamiento en las sombras de estas oficinas locales de las mencionadas agencias norteamericanas que, en el caso de USAID, implica el poder en las sombras de la siniestra red de organizaciones “no gubernamentales” que lleva años usurpando una influencia que el pueblo jamás les dio.
