El Cerro Tres Kandú, el punto más alto de Paraguay, se ha convertido en el centro de una disputa legal y empresarial que involucra denuncias de extorsión, amenazas con armas de fuego y el cobro irregular de peajes a turistas. A la vez, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) dispuso la clausura temporal de los accesos al cerro hasta que se regularice la situación de los operadores turísticos involucrados.
El pasado 9 de febrero, un grupo de aproximadamente 45 turistas denunció haber sido víctima de extorsión y amenazas mientras ascendía al cerro por el sendero del establecimiento “Acceso al Cerro Tres Kandú”, administrado por la empresa Naturaleza Pura S. A., según la denuncia presentada por Isabel Melgarejo Peralta, guía del grupo, los turistas fueron detenidos por un bloqueo donde supuestamente se produjeron amenazas y un disparo intimidatorio con arma de fuego.
Ariel Inchausti, principal acusado en el caso, negó rotundamente los hechos, alegando que el video difundido en redes sociales fue un montaje y que el problema real radica en la intención de la empresa Naturaleza Pura de utilizar propiedades privadas para acceder a la cima del cerro. Inchausti afirmó que solo estaban resguardando el acceso a la propiedad de Luis Abdo Rocholl, quien administra otro establecimiento turístico en la zona bajo el nombre de “Ecoaventura Tres Kandú”.
“Ellos lo que buscan es hacernos quedar mal, el grupo llegó y nosotros les pedimos que retrocedan y continúen por senderos que llevan a otros miradores de la empresa Naturaleza Pura. En ese momento escuchamos una explosión, no sé si fue pirotecnia o algo que ellos tiraron, pero mi equipo tiene totalmente prohibido portar armas de fuego, yo les ofrecí la posibilidad de que uno de ellos pase a registrarnos para ver que no teníamos armas”, alegó Inchausti.
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Por último, Inchausti aseguró que el administrador de Naturaleza Pura sigue enviando grupos de turistas a pesar de haber advertido que el paso por la propiedad de Rocholl fue prohibido para turistas que ingresen por el establecimiento original.
El conflicto por la propiedad y los derechos de explotación turística
El conflicto entre Naturaleza Pura SA y Ecoaventura Tres Kandú tiene raíces en una antigua sociedad entre ambas empresas, la cual permitía a los turistas acceder al cerro a través de dos propiedades privadas. Tras la finalización del contrato que regía esta cooperación, no se renovó el acuerdo, lo que desató disputas legales y operativas.
Naturaleza Pura S. A., a través de su administrador Pablo César Portillo, sostiene que la cima del cerro forma parte de una finca propiedad de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y que existe una servidumbre de paso establecida sobre la propiedad de Rocholl. No obstante, Portillo reconoció que la orden judicial que garantiza este acceso debe ser renovada este año.
Por su parte, Ariel Inchausti en representación de Ecoaventura Tres Kandú, rechazó la afirmación de que la cima pertenezca a la ANDE y asegura que sigue siendo propiedad privada de la familia Rocholl.
El establecimiento más conocido es el de Naturaleza Pura S. A., donde iniciaba un sendero con 13 estaciones para llegar hasta la cima del pico más alto del país, pasando a partir de la estación 11 por la propiedad de la familia Rocholl. Por otro lado, Ecoaventura habilitó otro establecimiento en la base del cerro con un nuevo sendero que coincide con el original en la mencionada estación, punto donde supuestamente se producen los incidentes.
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Ambos establecimientos fueron clausurados
La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), ordenó la clausura de ambos establecimientos hasta que regularicen su situación. Esto responde a una medida cautelar establecida, ya que las empresas “Naturaleza Pura S. A.” y “Ecoaventura Tres Kandú” deben realizar adecuaciones en materia de infraestructura y seguridad para estar habilitados oficialmente por la Senatur.
La Senatur, mediante la resolución N° 240/25, dispuso la clausura temporal de ambos establecimientos que operan en fincas separadas ubicadas en la base del cerro Tres Kandú, por la misma, prohibió expresamente toda actividad relacionada con servicios de turismo bajo apercibimiento de sanciones legales como podrían ser multas o la clausura definitiva de los establecimientos.
Por último, dio un plazo de 30 días para que ambas empresas regularicen su situación con las certificaciones de seguridad y documentación requerida para la habilitación oficial de sus servicios.
