La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples irregularidades administrativas en la Municipalidad de San Antonio tras evaluar la gestión 2021, a cargo de Raúl Isacc Mendoza (PLRA) y el periodo 2022- 2023 del actual intendente Santiago Javier Aguilera (PLRA).
La Contraloría General de la República emitió el informe final de la auditoría ejecutada a la Municipalidad de San Antonio durante el periodo 2021, 2022 y 2023, donde se detectaron múltiples desprolijidades administrativas. En ese contexto, de los documentos analizados en el periodo 2021, cuando aún era intendente Raúl Isacc Mendoza (PLRA) se encontró que se pagó G. 97.640.744 a los jornaleros sin respaldo documental, también G. 158.350.000 en concepto de honorarios profesionales sin base documental.
La administración de Mendoza también pagó demás la suma de G. 64.243.728 al personal contratado, transgrediendo el “tope salarial” dispuesto para la modalidad de contratación. También hubo erogaciones por mantenimientos y reparaciones por G. 504.119.640 sin base documental en el 2021.
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Por concepto de “Servicios Técnicos y Profesionales”, se encontraron pagos realizados, por un total de G. 187.274.000 sin documentos respaldatorios. Orden de pago con documentos de respaldo deficiente, en el marco del Contrato N° 06/21 “Adquisición de combustibles para vehículos Municipales” no se tuvo respaldo por el uso de G. 102.302.547, y compra de lubricantes por G. 321.011.232.
Asimismo, durante la gestión del intendente Mendoza también se detectaron múltiples falencias en la compra de alimentos para la entrega de los kits escolares durante la pandemia y deficiencias en la recepción de obras públicas por un total de G.1.300 millones.
Evaluación de la gestión Aguilera
La auditoría también abarcó los periodos 2022- 2023 ya a cargo del intendente Santiago Javier Aguilera (PLRA) en donde igualmente se detectaron múltiples desprolijidades, como por ejemplo en los pagos realizados por G. 118.981.170 por honorarios profesionales sin disponer de documentos exigidos en las normativas vigentes.
Otra irregularidad detectada por el ente contralor fue que el intendente Aguilera no cuenta con base documental por G. 114.823.673 en compra de combustible. También, supuestamente, se compró por G. 263.925.727 lubricante sin respaldo de documentos.
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En cuanto al almuerzo escolar durante el periodo analizado, la Contraloría detectó que no se cubrió la totalidad de los 180 días del año lectivo y no encontró respaldo documental por G. 668.175.000. Además la Municipalidad de San Antonio no cuenta con documentos que avalen un control o monitoreo efectivo sobre las entregas realizadas, calidad de los servicios, y cantidad de almuerzos distribuidos.
Se constató que la administración Municipal realizó pagos en concepto de Transporte, por un total de G. 82.867.404 sin contar con documentación respaldatoria. Por las obras ejecutadas durante este periodo, también se encontraron irregularidades, como por ejemplo no se tuvo acta de recepción definitiva de las obras.
Asimismo, el ente municipal no realizó el seguimiento oportuno para que los equipos de transporte y maquinarias que conforman el parque automotor institucional dispongan de los requisitos exigidos en las normativas vigentes y, por último, la administración del intendente Aguilera no cuenta con Plan de Racionalización del Gasto, según el informe final de la Contraloría.
