“Los gobiernos de Estados Unidos y Paraguay reafirmaron su compromiso de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, destacando la continuidad del apoyo de la administración para el control de drogas de Estados Unidos a los esfuerzos antinarcóticos en Paraguay. Ambas naciones acordaron mantener la colaboración en este ámbito, con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay permaneciendo como parte de la Unidad de Investigación Sensible (SIU). Esta alianza refuerza los esfuerzos conjuntos para combatir las organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la seguridad en la región”, así expresa el comunicado conjunto de los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos de América.
Con la oficialización de ambos gobiernos, se pone fin a la crisis entre la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) por el anuncio unilateral del ministro Jalil Rachid de cesar la cooperación en el marco del programa de Unidad de Información Sensible (SIU). Además, los intentos de justificación del jefe antidrogas local no hicieron más que embarrar el caso y aumentar las sospechas sobre el trasfondo real de esta “decisión política”.
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La primera contradicción se observa entre sus dos notas remitidas a los representantes de la DEA, ya que la inicial, donde se anunciaba el quiebre –fechada el 6 de diciembre de 2024-, alegaba como motivo de cancelación de la colaboración la supuesta intención de “redistribución de personal operativo” y fortalecer otras áreas, postura que cambió sustancial y radicalmente para el 17 de diciembre último.
“La cooperación antinarcóticos entre Paraguay y Estados Unidos es fundamental para desarticular redes del crimen organizado y promover un entorno más seguro para nuestros ciudadanos. Seguiremos trabajando juntos para alcanzar este objetivo, señalaron representantes de ambos países. Esta alianza, basada en la confianza mutua y la colaboración efectiva, demuestra el compromiso de ambas naciones en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”, indica el documento oficial.
Crónica de un bochorno
“Por la presente (dice la primera nota) venimos a informar la culminación de la participación de la Senad en dicho programa (SIU). La decisión institucional de finalizar con dicho programa responde a la necesidad de optimizar la redistribución del personal operativo y fortalecer otras áreas operativas”, expresa la primera nota de la Senad, a cargo del exfiscal Rachid, dando por finalizada, unilateralmente, la cooperación con la DEA. Fue en vísperas del feriado del 8 de diciembre de 2024.
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Sin embargo, el 17 de diciembre, luego de que se filtrara el primer pedido de anulación y se produjera un escándalo, Rachid pide dejar sin efecto la rescisión con la DEA, alegando haber desconocido la vigencia de un convenio de colaboración suscrito en 2022 (Gobierno de Mario Abdo Benítez).
“A partir de la ratificación plena del convenio vigente del 2022, solicitamos mantener una mesa de diálogo para seguir potenciando la cooperación a fin de maximizar los resultados en la lucha contra el tráfico internacional de drogas y delitos conexos”, señala parte de la segunda nota a la DEA.
Se resalta en ella la “ratificación plena” del convenio. Ya posteriormente, en sendas entrevistas, su postura vuelve a cambiar, ya que volvió a desconocer su existencia formal.
Puntualmente, en una entrevista dada el 23 de diciembre de 2024, Rachid sostuvo: “No existe ese memorándum, o sea, no existe la resolución que haya perfeccionado este acto (de acuerdo del 2022), y no existe porque no pasó directamente por los trámites legales de Cancillería”.
En tres momentos distintos, las motivaciones expresadas por Rachid para buscar el quiebre con la de DEA cambiaron repentinamente: primero era para “redistribuir personal”, luego quiso retomar la colaboración alegando desconocer la existencia de un acuerdo que la sustenta y cuya vigencia plena suscribió, para finalmente decir que dicho convenio no cumple la formalidad legal y que no tendría vigencia.
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“Sapos y culebras”
A todo esto hay que sumar que a regañadientes Rachid tuvo que tragar sapos y acompañar la “reculada” del gobierno al pedir que siga la ayuda, aunque siguió tirando dardos contra la cooperación diciendo que a su criterio hay cuestiones que “corregir”.
Sin embargo, en víspera de Navidad se jactaba del desmantelamiento de un complejo de producción de marihuana en Canindeyú, operativo que se realizó con ayuda de SIU, y por ende de la DEA, que al menos hasta ahora sigue en proceso de retiro de nuestro país.
Esto, debido a que pese a la serie de conferencias de prensa y la nota remitida el 17 de diciembre por Rachid retractándose del pedido de cese de la cooperación, la última palabra hasta ahora de la DEA fue realizar el proceso de retiro programado, que debería culminar este 5 de marzo de 2025.
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Además del fin de la ayuda técnica, lo más grave -en el caso de concretarse la salida del país de la DEA- sería el retiro del equipamiento y apoyo tecnológico y financiero de los Estados Unidos para el combate al narcotráfico y delitos conexos de carácter transnacional.
