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Abandonar tu tierra y tu casa es doloroso, pero es más cruel tener que dejar forzosamente todo atrás porque la alternativa es enfrentarte indefenso a criminales despiadados a quienes no le tiembla el pulso a la hora de matar inocentes, incluso si estos son niños. En Colombia se cuentan por miles las personas que sufrieron tales ataques indiscriminados a manos de grupos armados. Ahora, pese a esas imborrables y dramáticas experiencias, los supervivientes luchan por recuperar sus hogares.
El pueblo El Placer, en el Valle de Guamuez, en la llanura amazónica del Putumayo, en Colombia, ahora está casi vacío. Guerrillas y paramilitares arrasaron con el lugar, cegados por el control del territorio y la zona se convirtió en un campo de batalla, obligando a sus habitantes a escapar para sobrevivir. En este pueblo, ocho de cada diez personas fueron víctimas del conflicto.
El 7 de noviembre de 1999, cerca de 38 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), irrumpieron disparando sin parar y asesinaron a aquellos habitantes que intentaron huir. Los paramilitares expulsaron a las FARC y durante 7 años tomaron control de la zona. Así comenzó el éxodo.
Un habitante de El Placer, Juan Tovar, cuenta que simplemente salir al pueblo y llevar puestas botas de caucho representaba un riesgo mortal, porque para los paramilitares era sospechoso solo tenerlas y asesinaban sin preguntar. El río local, a donde fueron arrojadas las víctimas, se convirtió en la fosa común más grande del Bajo Putumayo.
Esperanza y justicia
Las grandes ciudades emergen como refugios prometedores para quienes han sido desplazados. En Colombia, la Ley de Víctimas ofrece a los desplazados atención y acompañamiento por parte del Estado.
En la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Antioquia, existe un territorio autónomo formado por las familias que resisten la violencia, libre de conflictos y armas. María Brígida González, después de huir con su hijo en la década de 1990 del Urabá, arrasado por la disputa entre guerrillas y paramilitares, confiesa que el día de la creación de la comunidad fue uno de los más felices de su vida.
La Unidad de Restitución de Tierras, que se encarga de devolverle los terrenos a las víctimas del despojo y abandono forzoso, hasta la fecha ha restituido predios a cerca de 44.000 víctimas despojadas. El director de esta entidad estatal cuenta al corresponsal de RT, Andrés Fernández Sánchez, que con la violencia llegaban compradores de terrenos que se dedicaban a adquirir a muy bajos precios la tierra de campesinos para luego vendérselas a empresas o al fondo ganadero.
Para algunos, la suerte permite un regreso a su tierra, sin embargo, este ciclo deja una huella imborrable en la vida de muchos ciudadanos colombianos.
