El hacinamiento en las cárceles paraguayas nunca dejó de ser una crisis humanitaria, por lo que es más que urgente que desde instancias pertinentes se tomen acciones urgentes. La sobrepoblación carcelaria no solo vulnera los derechos humanos de las personas privadas de libertad, sino que también impide el cumplimiento genuino de los fines de la pena privativa de libertad, que deben orientarse a la rehabilitación y reinserción social.
Las condiciones de las penitenciarías nacionales reflejan un sistema colapsado, con cárceles que operan muy por encima de su capacidad, deficiencias estructurales y una falta de acceso a programas de reinserción, con lo que los intentos de mejorar el sistema deben ir acompañados de previsibilidad. Por cuestión natural, esta situación no solo genera violencia y corrupción dentro de los centros penitenciarios, sino que fortalece el círculo de criminalidad en lugar de contribuir a la resocialización de los internos.
Si el Estado no acelera la implementación de medidas efectivas para reducir el hacinamiento, nada cambiará de manera oportuna. En tal sentido, operativizar la aplicación de medidas alternativas a la prisión para delitos menores, con medios tecnológicos como las tobilleras, ayudará a minimizar el uso excesivo de la prisión preventiva. Lo básico, como la construcción de nuevos centros penitenciarios con estándares adecuados, garantizando condiciones dignas para los internos, sigue siendo ineludible para salirse del modelo carcelario medieval.
Reforzar las políticas de educación, capacitación laboral y asistencia psicológica dentro de los penales, para que el tiempo de reclusión tenga un impacto real en la rehabilitación, es otro elemento no fortalecido. La justicia debe actuar con mayor celeridad en los procesos judiciales, reduciendo el número de personas que permanecen encarceladas sin condena firme. La mora judicial debe pasar a ser un delito sancionable, como para que se dé curso a lo proficuo en la labor de impartir justicia en todos los procesos, no solo donde hay interés personal.
El hacinamiento carcelario no es solo un problema penitenciario, sino un reflejo de deficiencias estructurales del sistema judicial y de seguridad del país. Sin decisiones firmes y estrategias bien diseñadas, Paraguay no saldrá de lo ineficaz y denigrante, que lejos de corregir conductas delictivas, agrava los problemas sociales y de seguridad. Si no existe genuino compromiso del Estado para garantizar que las penas privativas de libertad cumplan su función rehabilitadora, todo no pasará de ser meros castigos degradantes.
Es un asunto de Derechos Humanos, que no es menor. La situación de tener en el país cárceles abarrotadas, no es un problema ajeno al resto de la sociedad, pues es también termómetro de ella en materia de cumplimiento de las normas por asuntos que van desde las necesidades materiales, drogadicción, falta de oportunidades, problemas mentales y la siempre presente codicia desmedida. El contexto de este hecho que cobra notoriedad mediática una vez más, es mucho más profundo que encararlo solo con el ensanchamiento de los penales.
