El juez Humberto Otazú autorizó el cambio de domicilio al exsenador argentino Edgardo Kueider y a su secretaria Iara Guinsel, para que sigan cumpliendo su arresto domiciliario, en el proceso abierto por supuesto contrabando. Esto, en atención a que el consorcio dueño del edificio donde cumplían la medida, les rescindió el contrato en forma unilateral.
A través de su Auto Interlocutorio (AI) N° 6, el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, autorizó el cambio de domicilio al ex senador argentino Edgardo Darío Kueider y a su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa, quienes fueron imputados por presunto contrabando tras ingresar por Ciudad del Este, con la suma de US$ 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos sin declarar.
La imputación se presentó el 5 de diciembre de 2024 y posteriormente se dictó el arresto domiciliario para ambos. Los dos cumplieron la medida en el departamento 103 del edificio denominado “Tierra Alta”, ubicado entre las calles Maestro y Gonzalo Bullnes de Asunción, en jurisdicción de la comisaría 6° de la capital.
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La defensa de Kueider y Guinsel, ejercida por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Girett, solicitó el cambio de domicilio en vista a que, el pasado 9 de enero, nota mediante, los procesados fueron notificados de la intención de rescisión anticipada y unilateral del contrato de locación, motivándose en una solicitud del consorcio de propietarios del sitio.
Es así que el 14 de enero último, los procesados a través de su defensa accedieron a la locación de un nuevo inmueble con numeración 2614 B, ubicado sobre la calle 18 de julio casi avenida José Félix Bogado, correspondiente al barrio San Vicente de Asunción, donde cumplirán la medida, bajo vigilancia de la Policía de la comisaría 14° Asunción, sobre los dos accesos con los que cuenta el establecimiento.
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Fiscalía y juzgado no vieron obstáculos para cambio de domicilio
Al momento de responder el planteamiento de la defensa, el fiscal interino del caso Ysrael Villalba Ramírez, manifestó que “considera viable el cambio de domicilio peticionado por la defensa”.
Tras analizar los planteamientos de la defensa y el allanamiento de la Fiscalía, el magistrado realizó su análisis en atención a que los documentos obrantes.
“El Juzgado considera que la normativa establece el carácter reformable de las resoluciones que impongan una medida cautelar en virtud de la cual toda decisión de un órgano jurisdiccional puede ser susceptible de ser reformada en cualquier etapa del proceso, en este caso particular según constancias obrantes en fecha 09 de enero del 2025, los procesados fueron notificados de la rescisión anticipada y unilateral del contrato de locación en cual se encuentran cumpliendo el arresto domiciliario que le fuera impuesto”, señala la resolución judicial.
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Corte debe resolver extradición de Kueider
El exhorto de extradición del exsenador argentino Edgardo Darío Kueider y su secretaria Iara Madgalena Guinsel Costa, remitido por la jueza federal de San Isidro (Argentina) Sandra Arroyo Salgado; fue recibido a principios de este 2025 por la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El pedido de extradición se da en el marco de la causa abierta en la Argentina, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Además del exhorto de extradición la jueza Sandra Arroyo remitió a la Justicia paraguaya los documentos formalizadores y la solicitud de detención previa con fines de extradición.
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El caso recayó en el juez Rolando Duarte, quien ya corrió vista a la fiscalía general del Estado para que dictamine sobre la solicitud de extradición del exsenador argentino y su secretaria, procesados en nuestro país por presunto contrabando en grado de tentativa.
En Paraguay, Edgardo Kueider e Iara Guinsel cumplen arresto domiciliario desde el 6 de diciembre de 2024, en el edificio Tierra Alta, ubicado en la calle Del Maestro esquina Gonzalo Bullnes, del barrio Villa Morra de Asunción. La medida cautelar fue dictada por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, quien impuso una fianza de US$ 150.000 para cada uno de los procesados y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.