Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó una orden de aprehensión para Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y para Yahya Sinwar, jefe del Movimiento de Resistencia Islámica, de Hamás. Acusa que ambos tienen responsabilidad penal por los ilícitos de guerra y contra la humanidad perpetrados durante los ataques del 7 de octubre en Israel y la Franja de Gaza.
Khan dijo en una declaración pública “que los crímenes de guerra alegados en estas solicitudes se cometieron en el contexto de un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina, y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás, que se desarrolla en paralelo. Sostenemos que los delitos acusados se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Israel y Palestina”.
El fiscal también pidió resoluciones de aprehensión para Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel; Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, comandante en jefe del ala militar de Hamás, y Ismail Haniyeh, jefe del Buró Político del movimiento islamista.
La Cúpula de Hierro, los aliados estadounidenses y misiles interceptores de largo alcance entraron en juego en el mecanismo de defensa israelí.
Los cargos contra la cúpula de la organización paramilitar yihadista incluyen exterminio, asesinato, toma de rehenes, actos de violencia sexual, tortura y ultrajes a la dignidad personal. La fiscalía sostiene que su investigación ha encontrado “motivos razonables” para respaldar su acusación. Ha entrevistado a víctimas y supervivientes de los ataques armados en Kfar Aza, Holit, Be’eri, Nir Oz, y Nahal Oz. Estas localidades han sido especialmente afectadas por el enfrentamiento armado. La indagatoria incluye imágenes de cámaras de vigilancia de circuito cerrado, material de audio, fotografías y vídeos autenticados, declaraciones de miembros de Hamás y pruebas periciales.
“Estas personas planearon e instigaron la comisión de crímenes el 7 de octubre de 2023 y a través de sus propias acciones, incluidas visitas personales a rehenes poco después de su secuestro, reconocieron su responsabilidad por esos crímenes. Estos crímenes no podrían haberse cometido sin sus acciones”, señala la declaratoria.
Netanyahu y Gallant han sido acusados de provocar hambruna como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos, dirigir deliberadamente ataques contra la población civil y persecución. Los señalamientos de la Corte Penal Internacional se basan en entrevistas con testigos presenciales y sobrevivientes, material de vídeo, fotografías y audio autenticados, imágenes satelitales y declaraciones del presunto grupo perpetrador.
Las evidencias muestran que Israel “ha privado intencional y sistemáticamente” a la población civil en Gaza de productos y servicios indispensables para la supervivencia humana, según el fiscal. “Los efectos del uso del hambre como método de guerra y los castigos colectivos son agudos, visibles y ampliamente conocidos. Israel tiene derecho a tomar medidas para defender a su población. Sin embargo, ese derecho no lo exime de su obligación de cumplir el derecho internacional humanitario”, acusó Khan.
Israel y Hamás responden a la Corte Penal Internacional
Israel Katz, ministro israelí de asuntos exteriores, calificó la decisión de la fiscalía de la CPI como un “ataque frontal” en contra de las víctimas del asalto ocurrido el 7 de octubre. Agregó que “es una desgracia” que intenta negar a Israel el derecho de autodefensa. Anunció la creación de un comité especial que estudiará la medida para diseñar un plan de respuesta.
Sami Abu Zuhri, líder de Hamás, declaró a Reuters que las solicitudes de arresto para los altos mandos del movimiento “equipan a la víctima con el verdugo” y motivan a Israel para continuar con “su guerra de exterminio” en Gaza.
La CPI fue establecida en 2002 con sede en La Haya, Países Bajos. Está conformada por 124 Estados. Su función es procesar crímenes de guerra, contra la humanidad, de genocidio y agresión cuando sus miembros no están dispuestos o se ven imposibilitados para hacerlo con sus propios medios. Puede enjuiciar delitos cometidos por nacionales de los países afiliados y en territorio de sus asociados por otros actores. Israel no forma parte de la corte y no reconoce su jurisdicción, pero los territorios palestinos fueron admitidos en 2015.
Los jueces de la CPI deberán evaluar las pruebas presentadas por Karim Khan y determinar si son lo suficientemente sólidas para emitir las órdenes de arresto. La corte no dispone de un organismo propio capaz de llevar a cabo las aprehensiones. Delega esta responsabilidad a las naciones que la conforman.