Dionisio Borda fue ministro de Hacienda del gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2005) y luego del gobierno de Fernando Lugo (2008-2012).
En la primera etapa de su gestión al frente de la cartera se encararon las primeras reformas del Estado, entre ellas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal mediante Ley Nº 2345/2003 de reforma y sostenibilidad.
Borda afirmó a ABC que el creciente déficit que acumula la Caja Fiscal es insostenible e injusto, porque se financia con los impuestos pagados por los contribuyentes que en su mayoría no cuentan con seguridad social.
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“Con la reforma de la Caja Fiscal en 2003 logramos revertir el déficit operativo y reducir la gran asimetría de beneficios existentes entre los seis sectores, incrementando el aporte de 14% a 16 % y frenando los privilegios de las fuerzas militares, policiales, magisterios, frente a las cajas de magistrados judiciales, docentes universitarios y funcionarios públicos”, recordó Borda.
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Perforaron la ley sistemáticamente
Explicó que posteriormente, el Parlamento en forma sistemática empezó a perforar la ley con sucesivos cambios, llegando al punto de inflexión en 2011 con la iniciativa del diputado Carlos Liceras, de la ANR, que introdujo un incremento sin precedentes del 35% para funcionarios activos y pasivos en la ley de Presupuesto General de Nación (PGN) 2012.
Sostuvo que esta iniciativa generó un gasto rígido del orden de los US$ 800.000 anuales y el déficit de la Caja Fiscal creció, con lo que terminó el periodo del superávit fiscal.
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En el primer cuatrimestre del presente año, el déficit operativo de la Caja Fiscal llegó a los US$ 98,6 millones, equivalente al 42%, lo que implica que el pago a jubilados es mayor que la contribución de los funcionarios activos, indicó el exministro.
Argumentó que este saldo negativo es financiado por los contribuyentes para un sistema doblemente injusto. Primero por la asimetría de privilegios entre cajas y, segundo, porque contribuyentes que en su mayoría no tienen seguridad social financian con sus impuestos a los funcionarios del Estado.
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El año pasado, el saldo rojo de la Caja fiscal trepo a USD 160 millones, recursos que podrían ser utilizados para gastos sociales como pensión de adultos mayores, Tekoporá, provisión de insumos y medicamentos a los centros asistenciales para morigerar el gasto de bolsillo de las personas sin mayores recursos, añadió.
Detener la sangría con cambios paramétricos
Borda sostiene que urge la reforma de la referida entidad para detener la sangría del Tesoro, emparejar la cancha entre los seis sectores, con cambios paramétricos, de porcentajes de aportes, años de aportes, edad de jubilación, montos cobrados.
A su criterio se debe partir de la base de las cajas con mayores déficits: militares (-75%), policías (-66%), magisterios (-48 %), magistrados judiciales (-30%), docentes universitarios (-9%) y funcionarios públicos (+20%).
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“La idea central consiste que la Caja Fiscal sea sostenible, eficiente y equitativa poniendo final al régimen de privilegios pagado por contribuyentes sin acceso al derecho universal de la jubilación”, expresó.
Según el exministro, el Ministerio de Economía tiene la obligación de presentar ya la reforma de la Caja Fiscal y acelerar la implementación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. “Ambos proyectos vienen de Equipo Técnico-Político del gobierno anterior y la urgencia de estas reformas son fundamentales para resolver problemas estructurales en forma gradual y sin injerencias de intereses políticos partidarios”, agregó.