La jefa del Gabinete Civil de la Presidencia y una de las principales exponentes y voceras del Gobierno, Lea Giménez, dijo que el acuerdo alcanzado con Brasil por la tarifa de Itaipú es el mayor logro paraguayo de la historia de la binacional. Lo preocupante de esta afirmación no es la desagradable pedantería de la secretaria/ministra, sino la alarmante ausencia de visión estratégica, y hasta de conocimiento, por parte de las más altas autoridades sobre, quizás, la mayor palanca de desarrollo que tiene el Paraguay. El trato sobre la tarifa genera beneficios, que ni son despreciables ni son lo determinantes que pretenden hacernos creer, pero este arreglo no deja de ser una migaja más y está lejos, lejísimo, de las históricas reivindicaciones paraguayas y de la plena restitución de los derechos nacionales en Itaipú.
Las grandes reivindicaciones de nuestro país son básicamente seis: 1) libre disponibilidad y soberanía sobre la energía paraguaya; 2) precio justo por los excedentes; 3) plena cogestión administrativa; 4) transparencia, con acceso irrestricto de las contralorías; 5) depuración de la deuda, que terminó en la exorbitante suma de 63.000 millones de dólares, en gran medida espurios; y 6) finalización de obras pendientes, como la esclusa de navegación. El acuerdo sobre la tarifa no se acerca ni un milímetro a la consecución de ninguno de estos seis objetivos.
Conforme a lo anunciado, para 2024, 2025 y 2026 la tarifa de Itaipú, que es la que pagan la ANDE y la empresa eléctrica estatal brasileña y sus designadas por la contratación de potencia y retiro de energía de la central, queda fijada en 19,28 dólares el kilovatio/mes, lo que arroja una diferencia de aproximadamente 1.300 millones de dólares anuales en relación con el costo básico de producción, a ser dividida en partes iguales entre los dos socios, 650 millones por año para cada uno, en forma de “gastos sociales” en las respectivas márgenes. El acuerdo expresamente establece que a partir de 2027 la tarifa vuelve al costo básico de operación, mantenimiento y otros (como depreciación y nuevas inversiones), alrededor de 11 dólares el kW/mes, y se acaba tal diferencia.
Esos 650 millones de dólares anuales son considerables para Paraguay, pero tampoco significan una cifra enorme como para provocar algún tipo de salto cualitativo en la capacidad de las finanzas públicas. Para tener una idea, el presupuesto paraguayo es de 15.000 millones de dólares al año y en los apenas nueve meses que lleva en funciones este Gobierno ya ha emitido unos 1.100 millones de dólares en bonos del Tesoro, dos terceras partes de lo que en teoría provendrían como fondos sociales de Itaipú en tres años.
Para Brasil, por su parte, es directamente insignificante. Representa el 0,05% de su gasto estatal y el 0,01% de su producto interno bruto, lo cual da una perspectiva de lo pequeño que resulta para nuestro vecino lo que aquí quieren hacer aparecer como una gran conquista obtenida por los negociadores.
Además, hay que tener en cuenta que buena parte de esos 650 millones de dólares anuales los pagará la ANDE o, más propiamente, los consumidores paraguayos de electricidad, actualmente en una relación aproximada de 30/70 –30% la ANDE y 70% ENBpar (antes Eletrobras)–, que se irá ampliando, ya que en el propio acuerdo la empresa paraguaya se compromete a aumentar por lo menos 10% anual su contratación de potencia garantizada, a 19,28 dólares el kW/mes, y no a 11 dólares, como tendría que ser al costo básico.
Sobre el precio justo por los excedentes y la libre disponibilidad, que son asuntos mucho más importantes que la tarifa, no solo no se ha producido ningún avance, sino que podría haber un serio retroceso. Al principio el Gobierno paraguayo dijo que el país quedaba autorizado “de inmediato” a vender su energía en Brasil, pero pronto quedó claro que ello no se refiere a lo sobrante en Itaipú, sino al de otras fuentes, como Acaray, para lo cual, de hecho, no había ningún impedimento.
En cambio, en cuanto a la cuestión clave de los excedentes paraguayos en Itaipú, que actualmente son de unos 20 millones de megavatios/hora al año, en el texto del acuerdo, aceptado por Paraguay, se introduce una mención que podría llevar implícita una grave claudicación. Se señala que, una vez revisado el Anexo C, Paraguay podrá comercializar su parte no consumida “en el mercado brasileño”.
Esto sugiere que Paraguay estaría aceptando renunciar a la libre disponibilidad para comercializar esos excedentes fuera de Brasil. A modo de ejemplo, actualmente el precio de mercado mayorista en Brasil está bastante deprimido, hasta 26,38 dólares el MWh para los contratos a largo plazo en las subastas del año pasado. Sin embargo, el costo de producción de energía eléctrica en Argentina es de 180 dólares el MWh. Si Paraguay pudiera venderle a Argentina a ese precio, el valor de los excedentes paraguayos se elevarían a 3.400 millones de dólares al año, ya descontada la tarifa de costo de Itaipú, cinco veces más de lo que se consiguió con este acuerdo.
También se presenta un posible problema estratégico. Se puso tanto hincapié en el tema de la tarifa, y tanta importancia le ha dado a ello el Gobierno paraguayo, al punto de tratarlo a nivel presidencial e involucrar al propio Lula en un asunto que pudo haberse manejado en instancias técnicas inferiores, que Brasil inicia las negociaciones por la revisión del Anexo C y del Tratado de Itaipú, que es lo que verdaderamente le interesa, en una posición de ventaja. Ellos ya “cedieron” y ahora esperan también de Paraguay ciertos compromisos, tal como ya lo insinuó el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira.
Entonces, si la secretaria/ministra Lea Giménez quiere hablar de historia de Itaipú, debería saber que históricamente Brasil siempre ha hecho pequeñas concesiones al Paraguay a cambio de mantener lo principal, que es la apropiación de la energía paraguaya. Lo mismo ocurrió en 2009 con el Gobierno de Fernando Lugo. Este acuerdo no es diferente. Ojalá el dinero extra sea bien utilizado y que no le termine costando caro al país.