Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezados por Mauricio Villafuerte, estuvieron en el país entre el lunes 29 de abril y el miércoles 8 del presente mes para realizar una evaluación de la economía paraguaya y del cumplimiento de los compromisos asumidos en los acuerdos firmados por el gobierno.
La misión evaluó la economía en el marco de la consulta del Artículo IV del convenio constitutivo del FMI, la tercera revisión del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP), acuerdo firmado por el gobierno de Mario Abdo Benítez; y la primera revisión del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS), solicitado por el gobierno de Santiago Peña.
Los resultados de esta evaluación serán sometidos en junio a consideración del Directorio del FMI.
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Prioridades de política
El informe en las conclusiones sobre las “prioridades de política”, el Fondo expresa que el sistema bancario está bien capitalizado y rentable, y las autoridades deberían continuar sus esfuerzos de profundizar y ampliar la supervisión financiera, incluyendo la basada en riesgos.
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“Se han realizado avances significativos para extender la inclusión financiera en la última década, pero se debe hacer más para mejorar la educación financiera, mejorar el acceso al internet y la conectividad, y bajar los costos de suscripción y de las transacciones financieras”, añade.
Añade que la identificación y comprensión de los riesgos de ALA/CFT (sistema antilavado de activos y de combate al financiamiento del terrorismo) en el Paraguay “continúa como un objetivo importante ya que muchas debilidades persisten”, como fue identificado por Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).
Organismo regional
Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.
La entidad fue creada para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros, refiere.
Observaciones de Gafilat
La misión del Fondo se refiere a debilidades identificadas por Gafilat, pero no cita cuáles, pero en el informe de éste último organismo que dio a conocer en 2022, ocasión en que no incluyó a Paraguay en la “lista gris”, dio una nota baja a la cuestión relacionada al lavado de dinero.
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Al respecto, el informe mencionó que nuestro país necesita más investigaciones, procesos y condenas relacionadas al lavado de activos, pidió poner foco en las acciones que causan el lavado de dinero (como el contrabando y la corrupción) y en el análisis del riesgo de los sectores.
También se sugirió mejorar la identificación y evaluación de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, entre otros.
Reconstruir colchones fiscales
Por otro lado, el equipo técnico del FMI también refiere que mejorar la movilización de ingresos internos debería ser una prioridad clave dada la baja relación impuestos/PIB en Paraguay, las considerables brechas de desarrollo y la necesidad de reconstituir colchones fiscales en presencia de shocks recurrentes y riesgos fiscales.
Señala que, si bien las autoridades no planean aumentar las tasas tributarias, esperan lograr una mayor generación de ingresos a través de una mayor digitalización de los pagos y la información, la estandarización de procesos y procedimientos en las direcciones de ingresos internos y aduanas recientemente fusionadas, y la racionalización gradual de los gastos tributarios.
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“En cuanto a la diversificación de las fuentes de financiamiento público, son importantes los esfuerzos para reducir la dolarización de la deuda pública con la exitosa emisión internacional de bonos denominados en moneda local”, añade.
Además, indica que también debería ayudar un mayor desarrollo de los mercados de capital nacionales, incluso mediante la reciente creación de la Superintendencia de Valores dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP) y la Superintendencia de Pensiones. “Esta última debería conducir a una mayor participación extranjera e institucional en el mercado de deuda local”, expresa.
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Sostiene que estos esfuerzos se complementan con la iniciativa del gobierno para fomentar la inversión privada en infraestructura pública con la modificación de la Ley de Participación público- privada.