El 15 de mayo se cumplirán 213 años de la gesta que independizó al Paraguay de la corona española y abrió el camino hacia la soberanía plena. La segunda acepción del término “soberanía” en el Diccionario de la Lengua Española es “Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente”. ¿Puede un Estado considerarse independiente cuando el poder gubernamental que lo administra está infectado de corrupción? Difícilmente.
Desde hace décadas, el poder institucional viene cediendo ante el avance del poder del crimen organizado. El Estado no tiene soberanía cuando es manejado por hampones. Y menos todavía cuando esos hampones adquirieron la condición de “políticos” merced a su poder económico bañado en sangre. Muchos de esos mafiosos hicieron “carrera” en la política y hoy son autoridades.
No faltará quien diga: “si lo sabe, denúncielos ante la justicia”. Esto admite una pregunta: ¿qué justicia? La justicia está también corroída por la corrupción. Ahí tienen a los fiscalitos del caso “filtración”, filtrados por los dictados de una parte.
Y es larga la lista de los blanqueos de sinvergüenzas que lograron limpiarse gracias a ser amigos del poder o ser el poder mismo.
Un ejemplo que denota la falta de soberanía del Estado es el transporte público. Es el peor de Sudamérica, el más atrasado, el más deficiente, el más obsoleto, el más vergonzoso. Es un servicio público. Es decir, un servicio que debe estar regido por reglas impuestas en favor de la ciudadanía.
Sin embargo, quienes se hacen llamar “empresarios” del sector continúan alimentando sus líneas a pura chatarra, trasgrediendo cualquier intento de reglar horarios y dar funcionalidad al transporte. No les interesa el público. No les importa en absoluto brindar un buen servicio. Siguen enriqueciéndose con una prestación pobre gracias a que ellos constituyen un estado dentro del Estado gracias a su engarce con la política. Es decir, con la corrupción. El Viceministerio de Transporte ha estado al servicio de estos “empresarios” y no al de la ciudadanía. César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapam, posee más poder que cualquier ministro. ¿Por qué? Porque tiene las teclas de la corrupción gubernamental.
Otro punto: el viernes 10 se cumplieron dos años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia. En menos de un año la fiscalía colombiana halló a los asesinos y logró su condena. Le quedó a la justicia paraguaya hallar al culpable moral del crimen: la orden nació aquí.
Con un fiscal general timorato y absolutamente rendido, como el que tenemos, el culpable moral puede estar tranquilo. No lo van a descubrir porque no lo van a buscar. Y no lo van a buscar por temor a que sea “uno de los nuestros”, uno del férreo engranaje de la corrupción que nos oprime.
Ilustres padres de la Patria, perdonadnos. El cetro que se rompió hace 213 años se ha recompuesto: no lo ostenta un rey, sino un poder por encima de la ley: la corrupción. La soberanía es solo un respetable deseo.