Ciudad del Este, punto clave en la economía regional y nacional, ha sido por años un epicentro del comercio y el tránsito internacional, fruto de su ubicación estratégica en la Triple Frontera, pero también en un escenario marcado por complejos desafíos de correcta gobernanza.

La corrupción ha sido una constante que, a lo largo del tiempo, ha afectado profundamente el desarrollo de la ciudad y la confianza de sus ciudadanos en sus autoridades locales. Tan solo hay que cotejar números económicos, con las obras existentes, así como los servicios, como para entender el tremendo daño para el progreso extraordinario que se hubiera tenido, si no se robase asquerosamente, periodo tras periodo.

A lo largo de las últimas décadas, la administración municipal de Ciudad del Este ha estado salpicada por numerosos escándalos de malvivencia de sus referentes. Desde casos de malversación de fondos públicos hasta favoritismos en la adjudicación de contratos. Los efectos de estos actos van mucho más allá del descrédito de las figuras políticas involucradas, pues estos sostienen la mala calidad de vida de los habitantes, socavan el desarrollo económico y dejan siempre a merced de la incertidumbre sobre el futuro económico inmediato.

La corrupción en la capital departamental no se trata de incidente aislado, sino de un fenómeno sistémico. Hasta es vista como parte de la  cultura política, con prácticas que se han normalizado, pasando de colorados a liberales, de liberales a “prietistas”, y así se repite el círculo vicioso.

La falta de transparencia en la administración pública ha creado un ambiente en el que las irregularidades son toleradas o incluso esperadas. Los mecanismos de control, como los organismos de fiscalización o los sistemas de auditoría, han demostrado ser insuficientes para erradicar estas prácticas, siendo solo utilizadas cuando conviene electoralmente.

Hace mucho los actores corruptos no temen las consecuencias de sus acciones, perpetuando una cadena de mala gestión y abuso de poder.

No es poca cosa la falta de gobernanza adecuada, pues cuando se degrada la esencia del mando-obediencia, los recursos públicos que deberían destinarse a mejorar los servicios esenciales, como la salud, la educación o la infraestructura, se ven desviados o mal gestionados. ¿Alguien puede desmentir que hay deterioro notable de los servicios municipales, que no responden a las crecientes demandas de una ciudad en expansión?

El tráfico vehicular es un caos diario debido a la falta de infraestructura adecuada, los servicios de salud no cubren las necesidades de una población que crece rápidamente y la educación pública enfrenta constantes problemas de financiación y estructura. Cada uno de estos problemas está directamente relacionado con la incapacidad de los gobiernos locales para gestionar los recursos de manera eficiente y transparente.

Pero a pesar de este panorama desalentador, los ciudadanos han demostrado una creciente conciencia y disposición para enfrentar la corrupción.

Los ciudadanos ya no deberían estar dispuestos a tolerar la corrupción como una parte inevitable de la política local, sea del partido que fuere.

Es imprescindible avanzar hacia una nueva forma de gobernanza en Ciudad del Este, una que ponga énfasis en la ética pública y la transparencia. Que se valga de la digitalización de los procesos administrativos, que permitiría reducir el margen para el manejo discrecional de los recursos y facilitar el acceso a la información pública.

Los mecanismos de control y supervisión, deben funcionar para el efecto. Se debe fomentar una cultura de la legalidad desde la educación básica, promoviendo valores de honestidad y responsabilidad ciudadana desde temprana edad, de manera que se vuelva costumbre el deber ser, y no el robo de la cosa pública.

La participación activa de los ciudadanos también es clave. A través de la vigilancia ciudadana, las denuncias públicas y el uso consciente del voto, es posible castigar electoralmente a aquellos que abusan de sus posiciones de poder y promover a líderes comprometidos con la transparencia y el bien común.

Con la voluntad política adecuada, el fortalecimiento de las instituciones y una ciudadanía comprometida, es posible transformar la gobernanza local y construir una ciudad que responda a las necesidades de sus habitantes.