Escribe: Luis Alen.

El instrumento legal pensado para silenciar toda oposición al régimen cartista en la sociedad civil, instalando un exagerado control sobre las organizaciones sin fines de lucro, podría generar una consecuencia adversa en los emprendimientos económicos, al espantar potenciales inversiones por el hecho de que con la posible vigencia de la ley anti-ONG, se coarta la libertad de asociación con fines lícitos, cuya existencia resulta consustancial al mismo ámbito de la economía empresarial.

Se halla a consideración del presidente Santiago Peña la promulgación o el veto a la ley anti-ONG, “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. Diversas entidades nacionales e internacionales pidieron a Santi que vete el proyecto, por considerar que va de contramano a las garantías constitucionales y afecta el sano desarrollo de las organizaciones civiles, ya que lo que busca no es la transparencia de las ONG sino poner trabas al libre movimiento de recursos financieros y capitales privados destinados a fines de bien público, a los que los fondos estatales no llegan o alcanzan sólo parcialmente.

Pero el proyecto de ley en cuestión supone la razón de ser misma del cartismo, incluida una probable orden proveniente del quincho del poder que ostenta el titular de la ANR, Horacio Cartes, mentor político de Peña, por lo que difícilmente éste desobedezca al Patrón.

Lo que sí se debe advertir es que se halla en juego el superior interés nacional, porque no sólo se estarán incumpliendo acuerdos internacionales sobre derechos humanos, sino también se pondrá en forma totalmente inexplicable palos a la rueda de la economía y su capacidad para atraer inversiones.

Esto es así porque son atacables varios puntos del documento, por ser inconstitucionales y contener disposiciones discriminatorias que favorecen a algunas organizaciones civiles que fueron excluidas a última hora del proyecto como los clubes de fútbol, acusados siempre por supuesto lavado de dinero.

Y además por establecer represalias contra los directivos de las ONG y hasta sanciones a sus aportantes, entre los que podrían estar empresarios privados, todo lo cual demuestra la intención de poner en la mira a posibles enemigos políticos del cartismo y de su consigna de mantenerse en el poder “per secula seculorum”.

Dependerá de la Corte

De promulgarse la ley por Peña, corresponderá a la Corte Suprema la última palabra para adoptar las medidas cautelares que soliciten centenares o miles de ONG afectadas por la normativa inconstitucional, de tal forma que puedan seguir trabajando sin las trabas que les serán impuestas desde el día de la vigencia del cuestionado documento.

Esta situación causará indudablemente un fuerte impacto en la economía nacional, desalentando seguramente la venida de inversionistas a los que potencialmente se limitaría en su actividad empresarial si deciden apoyar los emprendimientos de responsabilidad social que realizan las ONG, pero que podrían ser posiblemente sujetos de sanciones por no estar en consonancia con los dictados de quienes detentan el poder de turno en la República.

Sólo se debe recordar el impacto que tuvo la norma adoptada en la década pasada, sobre la declaración jurada de bienes, rentas, activos y pasivos, exigida a directivos y accionistas de las empresas proveedoras del Estado, y que luego tuvo que ser derogada en 2022, tras acumular más de 4.000 expedientes de inconstitucionalidad y que se han ido  despachando en la Corte hasta ahora en forma favorable para los accionantes.

Y ni hablar de lo que podría ocurrir en el caso que la Corte avale la arremetida cartista contra las ONG, porque las entidades afectadas podrían recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado paraguayo ya perdió varios casos en los que justamente se pusieron en tela de juicio arbitrarias actuaciones gubernamentales en nuestro país, que iban en contra de la propia Constitución, y que desembocaron en costos enormes para las arcas estatales, debido a los resarcimientos impuestos por los jueces interamericanos a favor de las víctimas de las medidas ilegales.

El ambiente de inseguridad jurídica resultante, y que se propone imponer el cartismo, perjudica sin lugar a dudas las posibilidades de atracción de inversiones, en contradicción a las bondades que intenta mostrar sobre la economía nacional el presidente Santi Peña en sus frecuentes viajes al exterior para mantener reuniones con empresarios y hombres de negocios.

Si de rendir cuentas se trata o para demostrar el origen de los fondos, con el fin de evitar la corrupción o el lavado de dinero, las ONG ya están de sobra supervisadas por el sistema fiscal y financiero del país, por lo que la redundante ley tiene sólo el objetivo de atacar tanto a los directivos como a los aportantes de las entidades civiles sin fines de lucro, entre quienes podrían estar empresarios, a los que se consideraría como eventuales “enemigos políticos”, porque evidentemente la intención primaria del poder cartista es poner a todos en la misma bolsa, incluidos inversionistas y empresarios, quienes notoriamente no van a tolerar el avasallamiento de sus derechos humanos.

Es lo que señala el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, que en un rotundo pronunciamiento ha expresado su profunda preocupación por la ley anti-ONG de Paraguay, advirtiendo que la legislación podría poner en riesgo los derechos fundamentales de organizaciones e individuos en el país.

Afirma la prestigiosa institución que aglutina a los abogados neoyorquinos, que la ley sancionada contra las ONG, en vez de favorecer la transparencia obstaculiza significativamente su trabajo, desalentando la cooperación internacional, con posibles violaciones a los derechos de libertad de expresión, asociación y privacidad.

Y agrega que “estos derechos están consagrados en tratados y normas internacionales de derechos humanos de los cuales Paraguay es signatario”.

De allí que la ley puede desalentar las radicaciones de capitales, porque los inversores observarán que la posible ley, en su redacción actual, entraría en conflicto directo con normas internacionales sobre libertad de asociación y expresión, lo que podría significar una potencial fuente de inseguridad jurídica para las inversiones directas tanto nacionales como extranjeras.

Los abogados de Nueva York, finalmente, exhortan al Gobierno y al Congreso a mantener un “espacio cívico abierto”, en consonancia con el derecho y los compromisos asumidos por nuestro país con la comunidad internacional, lo que implica de por sí un fuerte espaldarazo a la necesidad de preservar la participación ciudadana en todos los aspectos inherentes a la interacción entre la sociedad civil y el Estado, contrariamente a la intención de coartar esta colaboración mutua, que es una de las condiciones en las que finalmente se fijarán los inversionistas para radicar sus capitales en nuestra economía.

La lógica de la dictadura

En su discurso ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Córdoba, Argentina, el jueves 17 de octubre, el presidente Santiago Peña se despachó contra la prensa que es crítica a su gestión, a la que acusa de “seguir con la lógica de la dictadura” (stronista), lo que no tendría “mucho sentido”, porque lo considera un “enfoque perimido”.

Dijo que se aprecia cada vez más una mayor “polarización” en la prensa: “el medio no responde más a la información, a la realidad, sino al sesgo del grupo que es propietario del medio”.

Según el análisis de Peña, las críticas a su gobierno provienen de un planteo opositor de grupos económicos contrarios al poder dominante. Sin embargo, no reconoce su propia dependencia de un enfoque autoritario que está tratando de imponer a toda la sociedad el comando cartista al cual obedece a rajatabla.

Hay que recordarle también a Santi que durante la dictadura stronista, regía una fuerte censura y autocensura de prensa, por lo que sería un error situar a la prensa actual como continuadora de la “lógica” dictatorial. Por el contrario, actualmente el periodismo nacional independiente realiza su crítica al gobierno, como un aporte para mejorar la gestión gubernativa en favor del pueblo paraguayo, lo que debería ser valorado por el jefe de Estado.

Quien pareciera ser tributario de la “lógica dictatorial” es el mismo Peña, a juzgar por la tendencia cada vez más autoritaria de varias decisiones tomadas por el grupo de poder que controla la maquinaria estatal y a cuyo servicio se encuentra el presidente.