Los tradicionales cortes constantes de suministro eléctrico en la región, son cuestiones propias de una institución históricamente inepta, por desidia de sus administradores. No es una cuestión de ayer, sino de antaño, ni tampoco una muestra de alguna crisis como las ya vividas. Está visto que ningún cambio puede surtir efecto si no existe voluntad de encarar el verdadero problema sin considerar presiones de amigos, padrinos y referentes políticos.

Servicios tercerizados que no cumplen con sus funciones, y que en vez de atenciones maltratan o desoyen clamores, solo pueden tener vigencia en un órgano poco interesado con sus patrones, pues el salario de todos y cada uno de ello es mediante el pago de facturas por el suministro. En la actualidad no dista mucho de ello. Y entre todos los males, el predominio de conexiones ilegales para motivos de sobrecargas, es como confirmar que no se tiene capacidad para hacer frente a la irregularidad que rige debajo de sus narices. Esto se llama complicidad, en el mejor de los casos.

Una política seria que apunte primero a exigir a los funcionarios, y firmas externas a que cumplan a cabalidad compromisos, ayudará a tener una perspectiva positiva, en un servicio que se torna indispensable en la contemporaneidad. No pasa solo por cambiar, sino de proponerse a trabajar de la manera correcta. Excusas y más excusas no se compadecen de los perjuicios causados a todos. Hace falta más voluntad y menos argumentos para cubrir ineficiencias.

La sustracción de energía eléctrica en Paraguay, representa un problema grave que afecta tanto a la economía del país como a la equidad en el acceso a este servicio. Uno de los mayores desafíos en la lucha contra este delito es la complicidad de algunos funcionarios de la propia ANDE, lo que agrava aún más. Esta complicidad, ya sea por omisión o acción directa, permite que ciertos sectores evadan el pago justo por el consumo eléctrico, mientras que los usuarios regulares asumen los costos de estas pérdidas.

Los funcionarios involucrados facilitan el daño de energía a través de la manipulación de medidores, conexiones irregulares y la falta de controles efectivos. Esta red de corrupción no solo debilita la institucionalidad de la ANDE. La falta de una vigilancia interna rigurosa y las débiles sanciones a quienes son descubiertos participando en estas prácticas crean un ambiente donde los delitos son cometidos con relativa facilidad.

Además, la ineficiencia en la detección de fraudes o la connivencia dentro del organismo obstaculizan cualquier esfuerzo por resolver el problema. Combatir la sustracción de energía requiere no solo fortalecer los mecanismos de control interno en la empresa estatal, sino también una depuración exhaustiva de los funcionarios corruptos.

Sin estos pasos, será difícil restaurar la confianza de la ciudadanía en la institución y garantizar un servicio eléctrico equitativo y sostenible. La vergüenza de tener de sobra energía y seguir pasando vicisitudes por su ausencia, debería ser tomada como motivo para esconder la cabeza. Es fundamental mejorar la provisión eléctrica y los retardatarios, como las condiciones irregulares, deben ser eliminados. Solo falta voluntad y titulares serios.