En el caso de la Cuenca San Pedro Mezquital, la REDMORA, decidió trabajar de forma local en la parte baja, por sus problemas de explotación, contaminación natural y humana, así como falta de saneamiento, considerando que la calidad y cantidad del agua de este río, impacta finalmente en la conservación de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit, como se manifiesta en el decreto de reservas de agua del 15 de septiembre de 2014, ya que le provee de aproximadamente 2 732 millones de metros cúbicos de agua dulce necesaria para esa combinación con agua del mar, para sustentar uno de los sistemas de humedales de mayor relevancia económica y de biodiversidad de la costa del Pacífico Mexicano.

La reserva de la biosfera, que abarca un territorio de dos mil hectáreas entre Nayarit y Sinaloa, alberga una diversidad de ecosistemas, incluyendo lagunas costeras, bosques maderables y pastizales. Destaca por tener los manglares más extensos de la región, que constituyen el 20% del total en el país. En junio de 1995, esta área fue declarada Sitio Ramsar, un tratado intergubernamental firmado en Ramsar, Irán, en 1971. Este reconocimiento se otorga a humedales de significativa importancia biológica y cultural para la humanidad, destacando su valor en la protección de estos ecosistemas.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) indica que estas marismas protegen ecosistemas típicos de la costa y son el hábitat de aproximadamente 240 especies de vertebrados. Ramsar, por su parte, señala que al menos 60 están en peligro de extinción como el mangle rojo, el mangle negro, el mangle botoncito y el mangle blanco, además se han identificado 51 especies endémicas de las cuales 36 son aves como patos, pijijes, gansos y cisnes.

En materia de fosfatos, menos es más

Lograr que el Río San Pedro Mezquital mantenga una calidad del agua que beneficie a la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales y contribuya a la sobrevivencia de esa biodiversidad representa un reto que debe ser trabajado minuciosamente con la intervención de la sociedad, la comunidad científica, pero sobre todo, las autoridades responsables de hacer cumplir las leyes y regulaciones vigentes, que marquen la pauta para la construcción de una cultura sostenible.