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Los imputados, Marcelino González (56), Sulma Rigoberta González (57) y Antonia Vidalina González (60), enfrentan cargos por violación del deber de cuidado de ancianos o discapacitados y por incumplimiento del deber legal alimentario.

La fiscala Viviana Sánchez lideró la investigación, que se centró en una vivienda ubicada en el kilómetro 5,5 Monday del barrio San Miguel, en Presidente Franco. Margarita González Florentín, quien padece de mal de Parkinson, hipertensión y artritis, fue hallada en condiciones de abandono, sin la atención de ningún familiar.

La situación salió a la luz gracias a los vecinos, quienes presentaron la denuncia ante las autoridades. Tras recibir la alerta, la Fiscalía y la Policía se constituyeron en el lugar y confirmaron el estado de abandono de la anciana. Según el expediente fiscal, la única hija que cuidaba a Margarita, Alba Rosa González, también se encontraba imposibilitada para asistirla debido a ser una paciente dializada.

A pesar de existir un acuerdo en la Defensoría Pública en el que los hijos se comprometían a prestar asistencia alimentaria, este no fue cumplido. Marcelino González había acordado contribuir con G. 500.000 mensuales, mientras que Sulma Rigoberta y Antonia Vidalina se comprometieron a aportar G. 300.000 mensuales cada una. Estos fondos debían ser entregados a Alba Rosa para la manutención de su madre, pero nunca se materializaron.

Los tres hermanos procesados han quedado a disposición del Juzgado de Garantías, donde se decidirá sobre su situación legal.