Si la acción de la Justicia no es en tiempo y forma, se desnaturaliza y sus efectos no tienen el rigor debido.

La tardanza extrema en activar mecanismos propios de la Fiscalía para investigar supuestos hechos punibles protagonizados por autoridades municipales preferentemente, no es solo llamativa por la suspicacia popular, sino por la selectividad de énfasis que dan agentes del Ministerio Público ante mismos casos, pero con personajes distintos.

Sin discutir los plazos preestablecidos, que son definidos en el código de la materia, hay aceptaciones sin discusiones sobre chicanas, y disposiciones judiciales contrarias al propio sentido común, que no son recurridas debidamente, quedando todo en el statu quo que conviene a malvivientes.

De la misma forma, aberraciones jurídicas dispuestas por magistrados, no son ciencia ficción, sino constantes, mostrando a la ciudadanía que las layes solo surten efecto para determinados conciudadanos. Se da no solo la impresión que se comercializa decisiones del órgano jurisdiccional, sino certezas.

La tardanza en imputaciones y procesamientos tiene el camino allanado para impunidades. Es así que muchos políticos que robaron la cosa pública durante mandatos en gobernaciones y gobiernos municipales, salen sin culpa ni pena de visibles desvíos de fondos públicos, manipulaciones en licitaciones y adquisiciones fraudulentas. No por probadas inocencias, sino por inoperancia fiscal y suavidad judicial. Las chicanas tienen límite, por lo que solo culpar a esa herramienta de defensa, no es del todo cierta.

Se repiten los vicios que denigraron la certeza de justicia en el país, con lo que las dudas del pueblo tienen sustento razonable.

Mientras no exista seguridad jurídica, todo no será más que a medida de poderosos, mientras el pueblo padece por la malvivencia de sus autoridades.

Toda autoridad que ha transgredido normativas de correcto uso del dinero de la gente, debe sufrir las consecuencias, siendo, en teoría, los principales interesados en que esto ocurra los estamentos representativos del pueblo ante lo jurisdiccional. En ese sentido, los auxiliares de la justicia deben cumplir su rol de manera ética, y haciendo uso de su deber de velar por lo jurídicamente correcto.

Cuestiones formales no atacan el fondo de la cuestión, por lo que tampoco son suficientes estos errores como para desmeritar responsabilidades. Hay complicidad en la extensión en demasía de causas, direccionadas a su extinción.

Los impartidores de justicia se someten más a presiones mediáticas, políticas y del dinero antes que a sus consciencias. La sana crítica pasa a ser poco común en juzgados.

Cuando una causa judicial se cierra conforme a derecho, marca la pauta que sí se puede cumplir correctamente labores, por lo que la disparidad del trabajo jurídico confirma la falla del componente humano, ya sea por mediocridad propia o forzada.

Si la justicia no reúne características de oportuna y debida, no cumple con su deber natural.