102
Publicado:
La empresa que suministraba los alimentos a las cárceles de la provincia de Guayas suspendió sus entregas por la falta de pago de una deuda de 30 millones de dólares por parte del Gobierno.
Los presos en Ecuador no tienen que comer. La empresa que suministraba los alimentos a las cárceles del país suspendió sus entregas por una deuda de 30 millones de dólares que el Gobierno de Daniel Noboa mantiene con la compañía y que no ha liquidado.
La medida afecta a nueve centros penitenciarios en la provincia de Guayas, donde está el mayor complejo carcelario del país con más de 12.600 reos. Otras 20 prisiones se vieron afectadas por la falta de alimentos en mayo en la zona norte del país.
En Guayas, la actual situación ha llevado a las familias de los reclusos a realizar colectas de alimentos. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) explicó que una de sus delegaciones acudió al Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) para entregar 448 latas de atún y 12 de sardinas que lograron recolectar.
El CDH, que presentará este martes una medida cautelar, pidió que se restablezca urgentemente el suministro de alimentos a través de canales institucionales establecidos en la ley. También recordó que “la restricción de alimentos a personas privadas de la libertad constituye tortura, cuyo único responsable es el Gobierno nacional“.
Una deuda de millonaria
El Ejecutivo ecuatoriano alertó a principios de mayo sobre presuntos ilícitos de la empresa proveedora de alimentos para algunas prisiones de la nación andina. “Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado”, afirmó Noboa.
En respuesta, el presidente de la empresa de servicios de comida Lafattoria S.A., Richard Villagrán, calificó lo ocurrido de “juego político” y defendió el trabajo “transparente y honesto” que lleva a cabo la compañía desde hace 12 años.
“Es una verdadera pena que se destruya la reputación de una empresa, de la cual dependen tantas personas, por un juego político”, aseveró.
Villagrán reveló que, desde noviembre de 2023, el Estado adeuda a la empresa 30 millones de dólares: 20 millones del desayuno escolar y 10 millones de los alimentos para los presos.
“Incumplimiento flagrante”
Aunque desde el SNAI aseguran que se han implementado medidas para “cumplir y garantizar” el servicio de alimentación, el CDH denuncia que existe un “incumplimiento flagrante” de distribución de comida.
Ecuador atraviesa por una crisis de violencia que incluye el deterioro de las cárceles, donde se han presentado amotinamientos dejando decenas de muertos y heridos en los últimos años. Las prisiones han sido objeto de intervenciones en los últimos meses, en las que se han encontrado poderosos arsenales y otras posesiones prohibidas.
La Defensoría del Pueblo comunicó la semana pasada, que entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024, se registraron 24 decesos en diversos centros penitenciarios por muertes naturales y, en otros casos, por muertes violentas con indicios de presunta tortura.
Organizaciones como Human Rights Watch exigen que se ponga fin al control militar en las prisiones y que el Estado lleve a cabo una reforma del sistema penitenciario que aborde problemas de larga data.