La fiscala María Estefanía González solicitó al juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, rechazar la reposición con apelación en subsidio planteado por las defensas del extitular del MOPC Ramón Jiménez Gaona, su exviceministra de Administración y Finanzas, Marta Benítez Morínigo y el encargado del proyecto metrobús, Guillermo Alcaraz, acusados por lesión de confianza.
Los abogados Tarek Tuma y Alcides Cáceres Ibarra, quienes ejercen la defensas de los tres acusados, incidentaron el proceso al señalar que el Ministerio Público presentó de forma extemporánea su pericia contable, consistente en los dictámenes periciales N° 23/2024 y N° 27/2024, y su requerimiento conclusivo acusatorio.
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En tal sentido los tres procesados, a través de sus abogados defensores, señalaron que la representante del Ministerio Público no cumplió con lo dispuesto en el artículo 347 del Código Procesal Penal (CPP), que establece las formalidades para la presentación del requerimiento conclusivo.
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Así también señalaron indefensión, bajo el argumento de que las defensas no tuvieron acceso y tampoco fueron notificadas de las pericias que fueron hechas y presentadas por la Fiscalía.
Fiscala califica de inoportuno incidente de la defensa
Al momento de contestar el traslado del juez Humberto Otazú sobre la reposición de la defensa de Jiménez Gaona y los dos coacusados, la fiscala María Estefanía González sostuvo que acusó en la fecha fijada por el juzgado, es decir, el 11 de abril de 2024, ofreciendo pruebas a ser producidas en la etapa de juicio, entre las que figura la pericia contable.
González aclaró además en su requerimiento conclusivo que dicha diligencia será agregada en la audiencia preliminar, pues al momento de la acusación, la misma seguía llevándose a cabo en Laboratorio Forense.
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La agente del Ministerio Público contestó que sí cumplió con lo establecido en el artículo 347 del CPP, el cual “en el último párrafo aclara que con la acusación se remitirá las actuaciones y las evidencias que el Ministerio Público tenga en su poder, es decir, abre la posibilidad igualmente sobre la existencia de elementos ofrecidos y que al momento de la presentación no esté en posesión inmediata”.
Además, la pericia contable cuestionada en su presentación por la defensa de los acusados, “se trata de una prueba específica de la cual han tenido conocimiento y que fue mencionada en la acusación para su agregación en la audiencia preliminar”, sostuvo.
Enfatizó en que el juez penal de garantías es el encargado de valorar la pertinencia y legalidad, en la audiencia preliminar, de las pruebas que ofrezca el Ministerio Público, instancia en la que la defensa tiene oportunidad de recurrir, por lo que “el presente recurso deviene inoportuno de por sí”.
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Acusación por metrobús
La fiscalía puntualiza en la acusación que durante la gestión de Ramón Jiménez Gaona como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (2013-2018) el Estado desembolsó dinero por obras que no cumplieron las especificaciones técnicas y no sirven para la finalidad del proyecto conocido como metrobús.
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La fiscala María Estefanía González resalta que el daño patrimonial ocasionado al Estado paraguayo es por la suma de G. 180.030.528.699 (cerca de 25 millones de dólares al cambio actual) por el pago de un total de 29 certificados de obras a favor de Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA, teniendo en cuenta que por dicha suma terminó recibiendo una obra inconclusa e inviable a consecuencia de las conductas de los ahora acusados.
Sobre Guillermo Alcaraz Reisinger, la acusación fiscal resalta que su desprolijidad en la gerencia del proyecto significó una serie de irregularidades que causaron la no conclusión de las obras y el perjuicio al Estado.
Con respecto a Marta Benítez Morínigo, la fiscalía resalta que firmó la modificación del contrato original con Mota-Engil por el cual se aumentó el convenio en G. 103.483.670.390, causando daño al patrimonio del MOPC con la fallida obra.
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Embargo por G. 109.000 millones
En abril de 2023, el juez Humberto Otazú dispuso el embargo preventivo por poco más de G. 36.000 millones sobre las cuentas de cada uno de los acusados por lesión de confianza, que totalizan más de G. 109.000 millones.
La Fiscalía solicitó este bloqueo de los bienes pensando en que el Estado pueda recuperar al menos parte del dinero que perdió el metrobús.