Con más ruido que efectividad, investigaciones a personas con influencia y poder político, quedan solo en espectáculos mediáticos, por lo que el mal principal de la impunidad sigue predominando con fuerza.
La dificultad de que efectivamente caigan los peces gordos de los rubros no legales, es una dificultad de ayer y de hoy, con lo que los mayores ladrones siguen sin pisar la cárcel.
Penosamente no es muy difícil en este país, que verdaderos mafiosos logren eludir procesos, pues este sigue siendo el Paraguay de los amigos.
La Justicia es severa con “Juan Pueblo”, pero no con los que gozan del poder económico y político. Es está antinomia lo que hace de la justicia un mero órgano de represión al pobre y de utilidad para el poder.
La denigración de la justicia condena al país a la miseria, por lo que no se debe perder tiempo en al menos intentar revertir esta cuestión.
No ocuparse de la reintegración de lo correcto a los órganos jurisdiccionales es solo beneficioso para la malvivencia de alta monta.
Crímenes o delitos deberían ser atribuibles a todos, de eso tratan las normas que regulan en teoría una convivencia armoniosa. Todo independientemente a bolsillos, o manipulaciones legales.
Mientras fiscales y jueces se determinen solo cuando conviene dentro del marco legal, optando preferentemente por lo económico, no son más que capangas de organizaciones mafiosas.
No se puede dudar para aplicar disposiciones firmes, sin titubeos, pese a tratarse de “amigos”, de apellidos conocidos en el mundo político o de hermanos fraternos.
La misma sociedad es fiel testigo de muchas cosas ajenas a la legalidad, de casos lúgubres donde bandidos no pisan prisión, e inocentes por carecer de condiciones económicas se pudren en cárceles.
La seguridad jurídica es fundamental, y ello es factible cuando el cumplimiento del principio de generalidad en materia de alcance de las normas, es regla inquebrantable.
Una sociedad que pretenda tener una realidad positiva ya no debe permitir manejos dentro de la impunidad por el caudal económico, político o cualquier otro aspecto no jurídico.
Si no cambia el blindaje por dinero o influencia política, la carga que el pueblo debe cargar tendrá más peso.
La ciudadanía debe animarse a tomar el protagonismo requerido para cambiar el contexto.
Esta plaga llamada impunidad, alimenta la inmundicia, donde los poderosos hacen lo que quieren y solo los pobres son sometidos a las leyes.
No es un mal nuevo, ni de vigencia reciente, por lo que tolerarla es inadmisible, al menos si se quiere una realidad distinta.
Es obligación de las autoridades políticas y jurídicas restituir el orden normal de este rubro fundamental, sostén del orden público. Forzar a ese interés, también es obligación del pueblo.
Esta estructura malévola debe destruirse hasta sus cimientos, y restituirse la integridad como normal, y no solo como excepción.
