Tampoco hay al respecto verdades absolutas, los occidentales valoramos ciertos aspectos que de alguna forma tenemos integrados a nuestra noción y valoración de lo que es la calidad de vida. Estas mismas consideraciones son distintas en, por ejemplo, los asiáticos, que parecerían dar mucha más importancia al factor económico, centrando su concepto de “Good place to live” mayormente a los ingresos que les permite acceder el residir y trabajar en determinado lugar. Cualquier duda con respecto a esto, se puede allanar conversando con un libanés dueño de un negocio de electrónica en Ciudad del Este: desconoce dónde está, y tampoco le importa mucho.
Sí es indiscutible la responsabilidad del Estado paraguayo sobre todas las personas que habitan su territorio, y las condiciones en que lo hacen. Al margen de ser connacionales arraigados desde hace siglos, extranjeros radicados definitivamente, profesionales de afuera contratados por empresas o estudiantes haciendo postgrados, todos son y deben ser objeto de la seguridad jurídica. Y el abanico se amplía y complejiza mucho más cuando segmentamos a la población en sus diferentes sectores, y nos empezamos a ocupar en detalle de los grupos menos favorecidos.
Sobre los sectores menos beneficiados: Un cómico local de la modalidad del “stand up” -muy en boga en los últimos años-, incluye en uno de sus monólogos unos razonamientos que, palabras más palabras menos, expresan lo siguiente: “Leí por allí que nuestro país sería uno de los peores para vivir si se forma parte de una minoría desfavorecida, y no estoy para nada de acuerdo… nuestro país es malísimo para vivir para cualquiera”, generando a partir del comentario la hilaridad de los presentes.
Correcto, uno va a esta clase de espectáculos para distenderse y, por qué no, a reírse de la realidad cotidiana relatada en forma jocosa, aunque sea dura. Pero pasado el momento agradable entre amigos, es cuando la racionalidad nos alcanza y, el trago amargo que nos ofreció el artista nos vuelve con toda su dureza como un resabio áspero de ese baldazo de realidad incómoda. Tan incómoda, que preferimos tomarla en broma para evitarnos la vergüenza de mirarla de frente.
El viernes pasado se llevó a cabo en la sala de sesiones de la Comisión Bicameral del Congreso la primera reunión de actores sociales, instituciones públicas, organizaciones civiles y representantes del sector privado, todos ellos directamente interesados e involucrados en la redacción de una nueva Ley que permita, entre otros, otorgar beneficios fiscales a empresas privadas que ejecuten políticas de inclusión laboral contratando a personas con discapacidad física. En este sentido, es destacable señalar que ya existen algunas empresas locales -como también internacionales- que trabajan sobre esto desde hace varios años por iniciativa propia.
El sector privado es el mayor empleador del país, por eso es indispensable que, a estos actores ya comprometidos, se sumen muchos más, lo cual se consiguió con mucho éxito en otros países de la región a través de incentivos. También es importante destacar que en aquéllos en que se pretendió imponer la inclusión laboral haciéndola obligatoria, todos los casos terminaron en rotundos fracasos. Una vez más: La convicción es mucho más eficaz que la obligación.
Con esos antecedentes, y habida cuenta de los resultados alentadores de otras legislaciones americanas que establecieron diversos tipos de incentivo, fue promulgada en nuestro país la Ley N° 4962 en el año 2013. La misma, establecía beneficios para los empleadores, a los efectos ya mencionados y que debían permitir empezar a activar a un sector relegado de la sociedad.
Tanto para la redacción de la misma, como más adelante su discusión y posterior promulgación, no hubo problema alguno: Todos querían aparecer en la foto. Pero el problema surgió posteriormente cuando, a falta de la debida reglamentación, que encontró su mayor obstáculo en el Ministerio de Hacienda debido a una falta de previsión de fondos, no se liberó el presupuesto necesario para hacer efectiva esta ley. De esta forma, pasó a ser letra muerta por su inaplicabilidad y finalmente derogada el año pasado.
Los grupos de interés reunidos la semana pasada en el Congreso tienen una ardua tarea por delante, que esperemos cuente con el indispensable apoyo del Gobierno a través del Ministerio de Economía e instituciones relacionadas y dependientes del mismo. Ese será el camino correcto para no fracasar en esta ocasión y sacar una ley que sea eficiente a la vez que viable. Si esto se consigue, nuestro país será un mejor lugar para vivir.