El Ministerio Público, a través de los fiscales Silvia González Vester, de la Unidad de Delitos Económicos, y Christian Benítez Cáceres, de la Fiscalía de Emboscada, presentó acusación poco antes de las 20:00 de este martes en el marco de la causa conocida como filtraciones de secretos, a los exministros de la administración del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, del Interior Arnaldo Giuzzio y de Anticorrupción, René Fernández. En el caso de Giuzzio, actualmente afronta juicio oral por un caso de presunta coima recibida de parte de un narcotraficante brasileño.
También fueron acusados los exfuncionarios de la era Abdo Benítez, Carmen Pereira, quien fue directora general de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad, Guillermo Preda, director de Análisis Financiero “A” y luego director general interino de Análisis Financiero y Estratégico de ese mismo ente; Francisco Pereira, exdirector de Análisis Financiero “B”, así como Daniel Farías Kronawetter.
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El abogado Enrique Kronawetter, quien representa al expresidente Mario Abdo Benítez y ejerce la defensa de Daniel Farías, así como las defensas de los demás procesados, recusaron al fiscal general Emiliano Rolón, a la fiscala Adjunta Matilde Moreno y a los fiscales antidrogas César Sosa y Elva Cáceres, por las causales del artículo 57° del Código Procesal Penal (CPP), específicamente la falta de objetividad; y al fiscal Osmar Segovia, por no pertenecer ya al equipo tras ser trasladado a Paraguarí.
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El planteamiento del Ministerio Público, sin embargo, no tiene alcance con relación al expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez y el diputado colorado Mauricio Espínola, pues si bien fueron imputados, los mismos no fueron procesados por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, en vista a que cuentan con fueros, en el caso de Abdo por ser senador vitalicio y Espínola está en actividad, y no fueron despojados del privilegio parlamentario.
Fiscalía inició causa tras denuncia de Horacio Cartes
Los agentes del Ministerio Público habían imputado a los citados previamente por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal.
Esa imputación la habían presentado los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, en el marco de la causa penal abierta tras la denuncia formulada el 31 de julio de 2023 por el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar.
Cartes posteriormente realizó dos ampliaciones, una el 30 de agosto de 2023 por filtración de información confidencial relacionada con un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de la República de Panamá, y la otra el 30 de octubre de 2023, sobre filtración de documentos de la Seprelad a través de una página web denominada Ddos (Distributed Denial of Secrets).
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Lo que señalaba la imputación contra exfuncionarios de Abdo
Según el escrito fiscal, Mario Abdo Benítez durante su periodo de gobierno habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el fin de debilitar sus figuras. Todo esto mediante filtraciones de datos confidenciales a medios de prensa, entre ellos un documento de pedido de informe de carácter confidencial a la Fiscalía de parte de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá.
En ese sentido, siempre según la imputación, en la elaboración de la contestación de ese pedido a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT, “se habrían incorporado informaciones no solicitadas y tendientes a influir en el proceso llevado con relación al expresidente Horacio Cartes en la República de Panamá”.
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También se indicó que entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, los indagados Carlos Arregui, Carmen Pereira, Guillermo Preda, y Francisco Pereira, habrían redactado el informe de inteligencia N° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución. Añadían los fiscales que Pereira habría facilitado ese informe tanto a la prensa como a Abdo y Espínola.
En tanto que a Guillermo Preda se lo imputó por supuestamente enviar un archivo creado fuera de la Seprelad por personas ajenas a ella para que forme parte del Informe de inteligencia y elaborar juicios de valor sobre el expresidente Horacio Cartes, que habría solicitado al analista Derlis Ruiz que los incorpore al reporte. Incluso, se le atribuye a Preda haber enviado al analista Ruiz cuadros con facturaciones de Tabesa a favor de Óscar Boidanich, así como salarios de Banco Basa a favor del hoy mandatario Santiago Peña.
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Escándalo con chats de fiscal derivó en cambio
El 13 de marzo de 2024, salieron a luz unos chats que mantuvo el agente fiscal Aldo Cantero con el abogado Pedro Ovelar, patrocinador de la denuncia de Horacio Cartes ante la Fiscalía. En las conversaciones, se observaba las directrices y pedidos de diligencias por parte del abogado Ovelar al representante del Ministerio Público.
Tras ese escándalo de los chats filtrados, el 14 de marzo de 2024, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón, resolución mediante, tomó la determinación de reasignar la causa abierta contra Mario Abdo Benítez y sus exfuncionarios, a un equipo fiscal conformado por los fiscales de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico Fabiola Molas, Luis Said y Guillermo Sanabria. Sin embargo, Said renunció ese mismo día a dicho grupo y en su lugar ingresó fue asignado el entonces fiscal antidrogas Osmar Segovia.
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El 17 de agosto del año pasado, el Tribunal de Apelación, integrado por los magistrados María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Gustavo Auadre, otorgaron la prórroga extraordinaria de seis meses más a la Fiscalía. La ampliación del plazo de la etapa preparatoria; sin embargo, fue apelada por el abogado Alfredo Enrique Kronawetter, en representación de Daniel Alfredo Farías, ante la Corte Suprema de Justicia.
En su momento, la Sala Penal de la máxima autoridad judicial, integrada por los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Manuel Ramírez, resolvió el 21 de noviembre de 2024 la inadmisibilidad del incidente formulado, quedando firme de esta forma el 11 de marzo de 2025 como nueva fecha para que la Fiscalía presente su requerimiento conclusivo.
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Fiscal general dispuso traslado de fiscal, pero sin desafectarlo
El 2 de octubre del 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al momento de analizar las ternas para los 10 cargos de Fiscalía Adjunta, designó como nueva fiscala Adjunta a Fabiola Guadalupe Molas Alcaraz. La agente asumió como responsable del departamento de Itapúa el 11 de octubre de ese año. A partir de estos hechos quedó desafectada de la causa, quedando así solo los fiscales Osmar Segovia y Guillermo Sanabria.
El 3 de febrero de 2025 fueron publicadas conversaciones de WhatsApp, extraídas de uno de los celulares del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien era investigado en la causa Pavo Real Py II, que entonces estaba a cargo del fiscal Osmar Segovia. El hecho de que los chas de “Lalo” Gomes hayan salido a luz fue motivo de reclamo al fiscal por parte de su superior, la fiscala Adjunta Matilde Moreno, principalmente por no haber apelado la decisión del juez Osmar Legal de disponer la extracción de datos de los celulares como anticipo jurisdiccional de pruebas y, a cargo de Crimen Organizado de la Policía.
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En el contexto de toda esa turbulencia y faltando poco más de un mes para que se cumpla el plazo para presentar requerimiento conclusivo, Rolón dispuso el 7 de febrero de 2025 el traslado del fiscal Osmar Segovia de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico a una Fiscalía de Paraguarí, con cumplimiento desde el 25 de febrero, pero sin desafectarlo de la causa contra Mario Abdo Benítez.
Es así que, el 4 de marzo pasado, el fiscal general Emiliano Rolón asignó a los fiscales César Alberto Sosa Ayala (titular desde el 25 de febrero de la unidad que era de Fabiola Molas) y Elva Cáceres, interina de la otra agente, para sumarse al equipo junto con los fiscales Sanabria y Segovia.
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El lunes 10 de marzo, los fiscales recién asignados Sosa y Cáceres solicitaron al juzgado de turno tener intervención en la causa. Por otra parte, y en forma llamativa, el fiscal Guillermo Sanabria renunció al cargo de fiscal. Todo esto a poco más de 24 horas de que se cumpla el plazo para presentar requerimiento conclusivo en la causa. Así quedaron solamente los fiscales César Sosa, Elba Cáceres y Osmar Segovia, quienes fueron recusados por las defensas, al igual que el fiscal general Emiliano Rolón y la fiscala Adjunta Matilde Moreno.
Finalmente, esta noche presentaron acusación los fiscales Silvia González Vester y Christian Benítez Cáceres.
