La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, vuelve a aplazar la decisión sobre la proposición no de ley que registró Junts en la que reclaman que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza para comprobar si continúa teniendo el apoyo de la mayoría de los diputados. Pese a que el Ejecutivo se mostró rotundamente en contra de aceptar a trámite esta iniciativa, el órgano de gobierno de la Cámara baja ha decidido este jueves darse más plazo para analizar la situación dado que la proposición de los posconvergentes no se debatiría hasta finales de febrero, cuando Junts tiene cupo para introducir asuntos en el Pleno.
Bajo la amenaza de Carles Puigdemont de «consecuencias irreversibles» si se impedía la tramitación de su iniciativa, los dos partidos que conforman el Gobierno han decidido posponer el debate, a la espera de que las negociaciones con el expresident de la Generalitat calmen las aguas y permitan una resolución de este asunto que no derive en una ruptura de la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo.
Esta decisión contrasta con la rotundidad con la que el Gobierno se opuso a la iniciativa en la rueda del Consejo de Ministros del pasado martes. Incluso, fuentes de la Mesa aseguraban el miércoles que esta vez se iba a decidir sí o sí sobre la tramitación de la proposición no de ley, una iniciativa que de aprobarse carece de valor jurídico. Sánchez no tendría por qué someterse a una cuestión de confianza, porque las proposiciones no de ley se limitan a instar al Gobierno a hacer algo, sin obligarlo. Aun así, sí evidenciaría la falta de apoyo por parte de la mayoría de la Cámara. Pero al final el Gobierno y el PSOE han optado por no ir al choque frontal con Puigdemont, que este viernes reunirá a la ejecutiva de su partido en Bruselas para analizar qué pasos da en este escenario.
El calendario
Fuentes cercanas a la presidencia de la Cámara explican que la iniciativa se seguirá estudiando porque es un «tema relevante» que «genera precedentes» y que este aplazamiento no tiene ninguna consecuencia práctica, ya que Junts no tiene cupo hasta finales de febrero. De esta forma, los socialistas ganan al menos un mes. Los colaboradores de Sánchez confían en que estas semanas sirvan llegar a algún tipo de entendimiento que evite una anunciada ruptura que podría implicar la paralización de la acción legislativa del Ejecutivo, ya que los siete diputados posconvergentes son imprescindibles para sacar adelante las leyes y convalidar los decretos. Los asuntos que podrían ayudar a desencallar la situación son fundamentalmente dos. Por un lado, un encuentro entre Sánchez y Puigdemont. Por otro, un acuerdo para transferir, como el Gobierno se comprometió a hacer, las competencias de migración a la Generalitat.
Fuentes de la dirección del PSOE y el grupo parlamentario señalan que el pacto en esta última materia no se encuentra lejos. El aplazamiento, explican, es también la “salida más digna” para Junts. “Ellos no querían reformular su proposición no de ley, porque se iba a ver como una cesión excesiva si era a cambio de nada. Ahora la iniciativa se queda encima de la mesa y ellos tienen un mes para intentar apretarnos, desencallar algún tema y entonces retirar la proposición porque consideran que hemos cumplido y han recuperado la confianza”, señalan.
Debate jurídico
La decisión de la Mesa se sustenta sobre el informe que emitieron los letrados del Congreso a mediados de diciembre y en el que avalaban la admisión a trámite de la proposición no de ley, aunque reconocían que al no haber precedentes sobre esta cuestión «corresponde a la Mesa fijar criterio». En este informe, los letrados detallan que el actual caso «presenta un matiz significativo«, dado que «una cosa es pretender que la Cámara ejerza una competencia propia por un cauce distinto al previsto -la moción de censura-, y otra es instar al presidente del Gobierno a que ejerza una competencia que es suya -plantear una cuestión de confianza-, lo que no deja de ser la esencia misma de una proposición no de ley».