El agente fiscal contra Delitos Económicos y Anticorrupción Leonardo Guerrero, solicitó al juzgado desestimar una denuncia penal presentada por los concejales Nilda Venialgo y Matti Ibarrola contra el intendente de Hernandarias, Nelson Cano. En su momento la acción incluía hechos de lesión de confianza, asociación criminal y cohecho pasivo, y guarda relación con la compra de un inmueble perteneciente a una congregación religiosa. Finalmente, se conoció la disposición del magistrado, que concedió la desestimación de la acusación.
El representante del Ministerio Público concluyó en su investigación que no encontró irregularidades en la adquisición del terreno de la Iglesia de Dios de Paraguay. Los pagos realizados, según el fiscal, cumplieron con los procedimientos establecidos y preservaron los intereses de la comuna hernandariense.
Ante la falta de pruebas que sustenten las denuncias, el Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos y Anticorrupción del Primer Turno, a cargo del juez Humberto René Otazú, resolvió dar lugar al pedido de desestimación de la causa. Esta denuncia de los dos ediles hace interpretar que las acusaciones iniciales fueron utilizadas como una estrategia política para desacreditar la gestión del intendente y a la vez encubrir la pobre gestión de ambos en la Junta Municipal.
Luego de una investigación de dos años, el Ministerio Público resolvió solicitar la desestimación de la denuncia presentada por dos concejales en contra del intendente municipal, Lic. Nelson Cano. Los ediles acusaban al jefe comunal de lesión de confianza, asociación criminal, cohecho pasivo y otros delitos.
Sin embargo, el agente fiscal, Abog. Leonardi Guerrero, a cargo de la Unidad 6 de Delitos Económicos y Anticorrupción de la capital, concluyó que no existieron pruebas suficientes para respaldar las acusaciones. Tras un minucioso análisis de la evidencia, el fiscal determinó que la Municipalidad, si bien adquirió e inscribió a su nombre 977 metros cuadrados pertenecientes a la Iglesia de Dios del Paraguay, lo hizo sin realizar el pago correspondiente. Además, se sumaron 100 m², totalizando 1.077 m², también sin haber sido pagados. Finalmente, se llegó a un acuerdo conciliatorio para saldar la deuda por un valor de 3.900 millones de guaraníes. Este acuerdo, aunque por un monto inferior al inicialmente reclamado, preservó los intereses de la comuna y puso fin a varios juicios en su contra.
Para los cercanos colaboradores del jefe comunal, los dos concejales, con el principal objetivo de mancillar la gestión de Cano, decidieron plantear la denuncia. Es más, también dejaron entrever que ambos actuaron de manera netamente extorsiva.