Asunción, Agencia IP.- La ley de Superintendencia de jubilaciones y pensiones es un instrumento que reasegura la liquidez y sostenibilidad de las cajas de jubilaciones existentes en el país, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS). «Es una política de Estado donde, mediante determinados limites, se tiene el menor riesgo posible», afirma el director de inversiones del IPS, Hugo Díaz.

En conversación en el programa de la Vocería de Gobierno, Díaz señaló que los fondos jubilatorios tienen como función primordial mantener la sostenibilidad de los fondos previsionales para poder cumplir sus prestaciones a largo plazo.

«Por eso esos fondos no los podemos tener bajo el colchón, ni a la vista, sino aplicar el criterio prudencial y llegar a tener los rendimientos más óptimos, teniendo esas inversiones en las mejores condiciones posibles de seguridad, liquidez y rendimiento», señaló.

En ese sentido, afirmó que ley 7235 tiene una importancia superlativa porque establece los parámetros de riesgos dentro e la razonabilidad, es decir, los segmentos de activos donde se puede invertir y los porcentajes de asignación por cada tipo de activo. «Esos límites están enfocados que se puedan diversificar los recursos previsionales», dijo.

Así también mediante la ley se establecen límites con respecto a los emisores, es decir que las entidades financieras tienen un tope hasta donde pueden participar y con eso se evita el amiguismo, afirma Diaz.

En cuanto a su impacto en el IPS, el director señaló que la aplicación de la ley tuvo efectos inmediatos porque la previsional ya estaba al tope de recursos colocados en Certificados de Depositos de Ahorro. «Tuvimos que buscar y encontramos la opción que brinda el mercado de bonos», dijo.

Otras opciones que la ley brinda al IPS pero que la previsional no tuvo oportunidad de incluir aún son las acciones de entidades financieras que cotizan en bolsas, o inversiones en fondos mutuos o fondos patrimoniales de inversión, así como activos del sector local e instrumentos que están disponibles en el extranjero, detalló.

«El abanico de posibilidades para ir abordando, incursionando y evaluando es mucho más de lo que estábamos teniendo», dijo.

Dentro de ese abanico de posibilidades, indicó que a través de un fideicomiso se puede hacer un mandato donde participe el sector publico y el sector privado. «Si hay un proyecto de inversión de gran envergadura y a plazos considerables, como la construcción de una carretera se puede hacer, IPS tiene los fondos y la administración la propone la parte privada», indicó.

«Sería una APP y hoy en día estamos totalmente habilitados para hacer este tipo de operación», añadió.

Díaz indicó que hoy después de 9 meses de la habilitación de la ley el IPS ya tiene ajustado un reglamento de inversión financiero, así como un plan anual de inversiones adecuado ya a sus disposiciones.

Afirmó que esta nueva ley es «desde todo punto de vista es muy beneficiosa» ya que adopta una «aversión al riesgo».

«Es una política de Estado donde dice, en cumplimiento de estos limites se tiene el menor riesgo posible, y ademas ordena a los emisores», concluyó.