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La Justicia estableció que 135 personas pertenecientes a comunidades indígenas fueron víctimas de desaparición forzada.
La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) imputará a 12 militares del Batallón La Popa, a los que se sindica de perseguir y torturar a pueblos indígenas de la costa caribeña y sobre los que ya pesaban acusaciones por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados en la misma zona entre 2002 y 2005.
El Alto Tribunal sostuvo que, tras analizar el caso, identificó un patrón macrocriminal basado en la discriminación por motivos étnicos y prejuicios, del cual sería responsable el referido escuadrón militar, recoge El Tiempo.
El Batallón La Popa, asentado en la ciudad de Valledupar, tiene numerosos procesos judiciales abiertos por atentar contra la población en el contexto de la política de militarización adelantada por el Estado colombiano durante la década del 2000 para, según se dijo entonces, enfrentar a las insurgencias izquierdistas, bajo la cual se justificó el asesinato de más de 6.000 personas acusadas falsamente de ser guerrilleros. Muchas de ellas continúan desaparecidas.
“La Sala de Reconocimiento, que es la encargada de llevar a cabo el juicio que derivó en esta resolución de conclusión, estableció la desaparición forzada de 135 personas en los departamentos de Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena, de las cuales algunas eran integrantes de los pueblos wiwa y kankuamo, así como de los Consejos Comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla. Otras de las víctimas eran campesinos o estaban en situación de vulnerabilidad y discapacidad”, reza parte de la sentencia referida por El Tiempo.
La voz de las víctimas
La JEP, en voz del magistrado Roberto Vidal, aseguró que con esta decisión atendió el “llamado de las víctimas que reclamaban por la falta de imputación del delito de tortura, así como la petición de los pueblos que apelaban, incluso, a los delitos de exterminio y genocidio”.
Además, si bien los comparecientes a la jurisdicción que admitan sus delitos recibirán una pena única por todos los cargos, en este caso, la Justicia optó por iniciar una investigación detallada sobre los patrones sistemáticos, con los que se infligió sufrimiento grave o se cometieron asesinatos por motivos étnicos.
“Garantizar la verdad más amplia y exhaustiva es fundamental para una adecuada reconstrucción del daño ocasionado a las víctimas, las comunidades y el territorio. Con ello se establecen bases firmes para la resolución definitiva de la situación jurídica de quienes sean identificados como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad”, afirmó el Tribunal.