El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, y ha destacado el papel de José Luis Peñas, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) que desveló la trama Gürtel, a quien el Gobierno ha concedido el indulto de las penas de inhabilitación.
“El indulto a Peñas, que fue esencial para la investigación de una trama delictiva tan importante como la Gürtel, pone de manifiesto que el Gobierno ampara, respalda, reconoce y apoya a todas aquellas personas que denuncian”, ha dicho el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Bolaños ha detallado que la creación de esta Autoridad Independiente de Protección al Informante pretende servir de “pilar institucional en la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción”. Esta medida, aprobada a través de un real decreto, estaba contemplada en el Plan de Acción por la Democracia que el Ejecutivo aprobó en septiembre. Tiene como objetivo proteger a quienes informan sobre infracciones que afectan el interés general y su probación coincide con el indulto parcial a José Luis Peñas, cuya labor fue fundamental para poder investigar y enjuiciar la trama Gürtel.
Bolaños ha recordado que Peñas, concejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda, presentó una denuncia en 2007 ante la Fiscalía Anticorrupción que supuso el inicio de la investigación de la trama Gürtel. “El mensaje que enviamos con este indulto es muy contundente: quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno”.
Peñas fue condenado por cinco delitos a una pena de prisión de 5 años y 3 meses y a una inhabilitación absoluta para cualquier cargo público. La pena de prisión no se ejecutó porque ninguno de los delitos individualmente considerado llegó a dos años.
Sin embargo, como funcionario, tenía una pena de inhabilitación absoluta para poder reincorporarse a su puesto de trabajo y el indulto parcial acordado este martes convierte la inhabilitación absoluta en una inhabilitación especial para cargos públicos de libre designación, de tal manera que podrá incorporarse a su puesto de trabajo como funcionario y reanudar su vida profesional con normalidad.
Así, Bolaños ha destacado que el Gobierno envía un mensaje “muy claro”: “Creamos una autoridad independiente para proteger a aquellos que denuncian infracciones, ilícitos penales o comportamientos irregulares y, por supuesto, reconocemos y apoyamos a todas aquellas personas que colaboren con la justicia para esclarecer delitos”.
El Estatuto de Autoridad Independiente de Protección del Informante es una institución recogida en la Ley 2/2023 que establece como prioridades garantizar la protección de la persona informante y servir de pilar institucional en la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción.
Según ha detallado el ministro, la autoridad adoptará las medidas de protección del denunciante que considere oportunas frente a cualquier represalia que pueda tener y podrá sancionar conductas represoras. Además, contempla el apoyo a los denunciantes con asesoramiento jurídico, psicológico e incluso con asistencia financiera si así lo precisa.
La autoridad actuará siempre con plena independencia del Gobierno, de las administraciones públicas y de cualquier otra organización pública o privada, si bien estará integrada a efectos de presupuestos en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Además del presidente de la Autoridad Independiente -que será aprobado por mayoría en el Congreso- también se constituye la Comisión consultiva de protección del informante.
La autoridad recibirá las denuncias por medio de un canal seguro, se realizará la correspondiente comprobación y, si procede, se remitirá a la Fiscalía. En todo momento, se mantendrá el anonimato del denunciante.
El propio real decreto establece que las comunidades autónomas deberán crear organismos similares, y si no lo hacen tendrán de suscribir un convenio con la Autoridad Independiente que ejercerá sus competencias en el ámbito territorial de la región.