Durante la COP16 se presentó un nuevo estudio que analiza el estado de la financiación global dirigida a mujeres afrodescendientes, indígenas y de comunidades locales.
El estudio titulado “¿El financiamiento global está llegando a las mujeres indígenas, afrodescendientes y de comunidades locales?” revela que entre 2019 y 2022 hubo una disminución del 2% en los Fondos de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) destinados a organizaciones enfocadas en los derechos de las mujeres y organizaciones gubernamentales que abordan cuestiones de género. Esta caída se traduce en una reducción de 891 millones de dólares en 2019-2020 a 631 millones en 2021-2022, representando menos del 1% del total del AOD.
Expertos de 196 países se reúnen en la edición 16 de la Cumbre de Biodiversidad con sede en Colombia. Sobre la mesa hay 30,000 millones de dólares comprometidos, un acuerdo para detener la destrucción de la naturaleza y la batalla contra la biopiratería.
El informe, elaborado por la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) y la Alianza de Mujeres del Sur Global (WiGSA), pone en evidencia la falta crucial de datos sobre la financiación con enfoque en igualdad de género. Aunque la financiación internacional destinada a los derechos de tenencia de tierras y bosques para pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales aumentó entre 2011 y 2020, la inversión en movimientos y organizaciones que trabajan en temas de igualdad de género disminuyó significativamente.
Las organizaciones de mujeres indígenas y afrodescendientes enfrentan una marginación preocupante. Entre 2016 y 2020, solo el 1.4% de los 28,500 millones de dólares asignados para apoyar a mujeres y niñas fue destinado a organizaciones que trabajan con mujeres indígenas, según el International Funders for Indigenous Peoples (IFIP) y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI).
En el caso de las mujeres afrodescendientes, la situación es aún más crítica. Según el Black Feminist Fund, durante 2018-2019, las niñas, mujeres y personas trans negras recibieron menos del 0.5% de la financiación global proveniente de fundaciones.
Los proyectos mineros en los que invierte el presidente Milei para revitalizar el país ponen en peligro a las comunidades locales que han decidido plantar cara.
“Nos preocupa que se siga hablando de biodiversidad sin incluir las voces de las mujeres indígenas, porque para nosotras la naturaleza, nuestra identidad y el territorio son inseparables. Nuestro objetivo con el lanzamiento de este estudio en la COP16 es asegurar que los mandatos de esta convención consideren a las mujeres, quienes son las más afectadas por el extractivismo y el cambio climático”, declaró Ketty Marcelo, líder asháninka de la selva central de Perú, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y miembro de WiGSA.
El estudio señala que los mecanismos de financiación actuales no responden adecuadamente a las necesidades de las comunidades. Carecen de flexibilidad, transparencia y responsabilidad mutua entre donantes y beneficiarios, y no contemplan una visión a largo plazo para abordar las diversas necesidades de estas organizaciones, lo que dificulta su acceso a los fondos.
Las barreras preexistentes, como la escasa disponibilidad de información pública en plataformas únicamente en inglés, plazos reducidos para presentar solicitudes, y la falta de conocimiento de los donantes sobre el contexto local, restringen aún más las posibilidades de acceso al financiamiento por parte de las organizaciones lideradas por mujeres.
“A menudo se excluye a las mujeres de la financiación por prejuicios sobre sus capacidades y dudas sobre su capacidad para gestionar proyectos. Sin embargo, incluso sin apoyo financiero, ellas han cuidado eficazmente de sus bosques”, explicó Omaira Bolaños, Directora de Género y Justicia en RRI. “Las mujeres indígenas, afrodescendientes y de comunidades locales están demandando un cambio: quieren acceso directo a la financiación y no seguir siendo marginadas en la lucha contra el cambio climático”.