La investigación en cuestión comenzó después de que una auditoría rutinaria descubriera un déficit de unos 3,2 millones de dólares en las arcas de la Iglesia católica, que supuestamente se canalizaron como inversiones en clubes nocturnos.

Según fuentes, el caso se remonta a 2016, cuando se descubrió que se estaban transfiriendo importantes cantidades de dinero de cuentas eclesiásticas gestionadas por los dos sacerdotes investigados a cuentas pertenecientes a determinados propietarios de clubes nocturnos, disfrazadas de inversiones empresariales.

Charalambos Vourliotis, jefe de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales del país europeo, ha ordenado la congelación de las cuentas bancarias y los activos de los cinco propietarios de clubes nocturnos tras presentar los resultados de las pesquisas a la Fiscalía.