Si bien es un hecho hartamente conocido de manera extraoficial, referentes de la Dirección de Materiales Bélicos confirmaron la implicancia de militares y policías en el armatráfico, bajo un esquema turbio. El tráfico de armas, facilitado por la connivencia de actores estatales, tiene consecuencias devastadoras para las sociedades. Históricamente este fenómeno de la corrupción personal no solo alimenta la violencia y la criminalidad, sino que también sostiene la anarquía tolerada a cambio de dinero sucio.
No es una cuestión solo de perjuicio para otros países donde llegan esas armas, pues en la globalización, el crimen encabeza incidencia. El acceso fácil a armas ilegales incrementa la violencia en las comunidades. Las armas de fuego en manos de grupos criminales y paramilitares resultan en un aumento de homicidios, robos y otros delitos violentos, creando un ambiente de inseguridad y miedo entre la población, que antes parecía lejano, pero en este tiempo se confirma que se extendió al mismo ritmo de la codicia de actores corruptos.
La participación de funcionarios de seguridad en el tráfico de armas debe ser tomada como un crimen de lesa humanidad. Cuando empleados públicos, encargados de proteger a la ciudadanía, están involucrados en actividades ilícitas, se fortalece la impunidad y corrupción que debilita el tejido social y la gobernabilidad. El tráfico de armas también tiene un impacto económico negativo, pues quien en su sano juicio querrá invertir en una Nación con violencia e inseguridad.
Los recursos que bien podrían destinarse a educación, salud e infraestructura se desvían hacia la lucha contra el crimen y la violencia establecida “en la propia casa”, con lo que se desperdicia el valioso dinero público. Y como es expansivo lo ilegal, los beneficios económicos obtenidos de estas actividades financian campañas políticas y fortalecen redes de corrupción, dificultando la implementación de políticas efectivas para combatir el tráfico de armas y mejorar la seguridad ciudadana, pues una mano lava a la otra.
De hecho que no son “conscriptos” y “suboficiales”, quienes encabezan estas estructuras mafiosas, dejando en evidencia que jerarcas lideran las organizaciones desde el mismo Estado a cambio de multimillonarias ganancias. Así es fácil para que grupos de narcos se armen hasta los dientes, haciendo de exportación el pertrecho paraguayo. No se debe seguir tolerando la operatividad del sucio esquema, pues solo cambiar a los peones, no será solución alguna. Chivos expiatorios solo son persuasivos para no dejarse tocar por la justicia y forjar impunidades.
La falta de integridad en los jefes de las dependencias, así como el descontrol institucional, son agilizadores para la prosperidad de la criminalidad. Ser como un supermercado para las mafias de países vecinos, es la peor publicidad para el Paraguay. No es posible que un grupo pequeño de marginales de verde olivo y azul, rompan con todas las garantías y legalismos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, salvo complicidades superiores.
