Con 49 cuadrillas conformadas por empresas contratistas al servicio de la ANDE y cuadrillas propias, la estatal inició hoy un operativo en Luque, que se extenderá durante dos semanas y tiene como objetivo verificar 2.000 suministros.
Según informó la ANDE, prevén desconectar 1.000 conexiones irregulares en baja y media tensión, así como cortar el servicio por falta de pagos a unos 5.000 suministros, intervenir suministros y retirar medidores por deuda acumulada en la zona.
En este contexto, las 49 cuadrillas de la Gerencia Comercial de la ANDE y las empresas contratistas iniciaron las tareas de corte por falta de pago, el retiro de conexiones irregulares que corresponden a instalaciones precarias, y la intervención y denuncia al Ministerio Público en los casos de sustracción de energía eléctrica, dentro del marco de la Ley N.º 7.300/2024.
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El operativo abarcará toda la ciudad de Luque y, paralelamente, se realizarán comunicaciones directas con los pobladores para brindarles información sobre los requisitos y solicitudes que necesiten para contar con el servicio de energía eléctrica como clientes de la ANDE, así como los beneficios que ofrece la institución a los sectores más vulnerables.
“La ANDE establece como objetivo estratégico la prestación del servicio de energía eléctrica confiable y segura. La única manera de seguir mejorando la calidad del servicio eléctrico e invertir en infraestructura es erradicar las conexiones irregulares, que no solo son ilícitas, sino que también perjudica gravemente la calidad del servicio en la zona y afecta las finanzas de la empresa”, resaltaron desde la entidad.
A su vez, recordaron que, conforme a la Ley N.º 7300/24, “la sustracción de energía eléctrica en media tensión, así como la actividad de criptominería en cualquier nivel de tensión, está tipificada como un crimen”, con penas de hasta 10 años de cárcel.
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Instaron a denunciar a través de su página web institucional www.ande.gov.py o mediante la APP MI ANDE, garantizando total confidencialidad.
La pérdida para la ANDE por robo de energía ronda los US$ 60 millones al año, según contó recientemente el presidente de la empresa estatal de electricidad, Ing. Félix Sosa, durante su exposición ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.