Una pobladora de Agropil, ubicada en la ribera del río Pilcomayo, quien en su momento denunció la invasión y atropello de su propiedad de 5.000 hectáreas por el exgobernador de Canindeyú, Alfonso Noria (ANR), el cual dice poseer los documentos que avalan su posesión de la tierra, dijo que a la fecha el caso no fue resuelto y que además se suman otros ocupantes en el otro extremo de su propiedad. “Ningún juez quiere tomar nuestro caso, ahora otra persona aparece diciendo ser dueña siendo que vivimos acá hace 40 años”, agregó la afectada, Dionicia Maíz.
Lea más: Denuncian invasión de propiedad en zona del Pilcomayo de parte de exgobernador cartista
La denunciante alega que en la zona hace tiempo están amedrentados y que los invasores permanecen armados y también colocaron un nuevo alambrado. La extensa propiedad en cuestión está situada en la ribera del río Pilcomayo en el distrito de Mariscal Estigarribia. Maíz indicó que realizó la denuncia del hecho en todas las instancias correspondientes y también en la Fiscalía de Filadelfia, pero que hasta el momento no dieron el retorno esperado.
Otro dato es que aún no se manejan exactamente cuanta tierra fue tomada de forma arbitraria ya que para el mismo en la investigación se debe mensurar la magnitud correspondiente de la supuesta invasión. La propiedad consta de unas 5.000 hectáreas y los documentos originales expresan que las tierras corresponden a la familia de Dionicia Maíz, pero igualmente siguen apareciendo nuevos dueños.
El abogado defensor, Simeón Lombardo, refirió que un nuevo ocupante apareció en la propiedad en fecha 3 de octubre en representación de la Estancia Rancho Uno S.A acompañados de efectivos policiales e introduciendo maquinaria pesada en el lugar. Según los documentos que constan en la denuncia, dicho establecimiento tiene como representante legal a Hans Arno Enns Friesen. En el lugar también movieron alambres y comenzaron trabajos perjudicando a la denunciante quien tiene su ganado desbandado por falta de delimitación.
El nuevo ocupante también presentó documentos que supuestamente lo avalan. “Es una caso de despojo y uso de documentos no auténticos”, agregó el defensor Lombardo, quien a su vez acusó al juez de la causa Carlos Alberto Lezcano por supuesto prevaricato, ya que hasta el momento no se dio lugar al pedido de interdicto ni de nulidad solicitado por los ocupantes originales del lugar.
A su turno el juez Lezcano manifestó que se están interiorizando del caso y que no existe un deseo de perjudicar a la denunciante. “Es un caso complejo en el cual no hay aún sentencia sobre el verdadero dueño/a (…), la denuncia en mi contra no se acerca a la verdad procesal de los hechos”, dijo.
“Hasta ahora tuvimos un nulo auxilio de la justicia”, indicó la denunciante. Según documentos, la denuncia ingresada tiene fecha de ayer, por lo que aguardan la designación del fiscal de la causa.
Intentamos contactar con a fiscalía sobre el caso, pero al momento de cierre de la nota no dieron retorno y estamos abiertos en caso de que desee referirse al tema en cuestión.