Escribe: Luis Alen.

El grado de inversión conseguido hace poco después de mucho trajinar de las instituciones económicas rectoras como el Banco Central, podría ponerse en riesgo, con la arremetida cartista contra las organizaciones de la sociedad civil, advierten no sólo gobiernos extranjeros amigos, sino también entidades mundiales de prestigio como Amnistía Internacional. El Paraguay pasaría a formar parte del ominoso club de países con gobiernos autoritarios que tratan de silenciar las voces críticas e independientes de las entidades cívicas de bien público, hoy en la mira de la ley anti-ONG.

El presidente Santiago Peña se encuentra ante la disyuntiva de acelerar o frenar el creciente autoritarismo de la conducción cartista, que envalentonada por su mayoría en el Congreso con el aporte de un Poder Judicial sumiso, está a punto de poner al Paraguay en el repudiado ámbito de países que han declarado la guerra a su sociedad civil, como forma de perpetuar regímenes dictatoriales de nuevo cuño, ya sea de izquierda o de derecha.

Lo peor es que está en riesgo el “grado de inversión”, trabajosamente conseguido después de muchos años de hacer buena letra en términos macroeconómicos por parte del Banco Central y el ex-ministerio de Hacienda, hoy MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)

En este contexto, no tiene desperdicio la carta que le envió a Santi Peña la ONG mundial caracterizada por la defensa de los derechos humanos: Amnistía Internacional.

En el documento, se le pide al Jefe de Estado el veto a la ley anti-ONG aprobada por el Congreso a tambor batiente, sin atender los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil paraguaya, que temen con justa razón un control asfixiante fuera de todo el marco jurídico constitucional, con el solo objetivo de hacer desaparecer a las entidades civiles críticas al unicato cartista y de paso también promover una “vendetta” contra quienes supuestamente llevaron a que Horacio Cartes recibiera una fuerte sanción económica de Estados Unidos.

Es clara la advertencia de Amnistía, en el sentido que el país podría ser catalogado igual que las dictaduras de varios países del mundo que restringen a las organizaciones cívicas independientes o críticas al poder, en el caso que se ponga en vigencia la cuestionada ley anti-ONG, si es que Peña no veta la ley sancionada por el Legislativo pero aún no promulgada por el Ejecutivo.

Expresa sin rodeos que “es alarmante que Paraguay considere adoptar un marco legislativo contrario a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, que ya ha despertado la preocupación de la comunidad internacional y se asemeja a iniciativas igualmente represivas en otros países de la región y del mundo, como Venezuela, Nicaragua, México, El Salvador, Guatemala, Cuba, Hungría y Rusia, entre otros”.

Cita, a propósito,  que estos países han establecido leyes que han llevado a aplicar fuertes multas, amenazas, criminalización e incluso el cierre de muchas organizaciones de la sociedad civil de manera arbitraria e injustificada. Es lo mismo que está en el espíritu y en la letra de la nueva ley paraguaya concebida como un cepo a la libertad de organización de la sociedad civil.

Agrega Amnistía que “las organizaciones de la sociedad civil son imprescindibles para garantizar los derechos humanos de toda la población y es deber de los Estados garantizar que pueden contar con la autonomía y las condiciones adecuadas para ejercer libremente sus actividades y buscar los recursos necesarios para ello”.

Una reculada necesaria

Con la ley anti-ONG en puertas, el discurso de Santiago Peña para atraer capitales quedará sin contenido, provocando el efecto contrario de espantar a los potenciales inversionistas, cuando fue advertido el Gobierno por las mismas calificadoras internacionales de que deberá mejorar la “gobernanza” para dar la suficiente seguridad jurídica a las inversiones con capital de riesgo, que sólo confiarán en una economía donde las leyes son interpretadas por un Poder Judicial independiente.

Pese a la buena letra en materia de equilibrio macroeconómico, ejercida por el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas (anteriormente Hacienda) desde hace por lo menos 20 años, un economista de excelente formación como el presidente Peña puede de un plumazo tirar por la borda todo el esfuerzo realizado, tal como lo han advertido de sobra varios exponentes calificados en diferentes foros económicos desarrollados en Asunción en los últimos días.

Es el caso, por ejemplo, del ex ministro de Economía de Chile y ex titular de su Banco Central, José de Gregorio, que disertó con motivo del 85° aniversario del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), ocasión en que se preguntó por qué nuestro país está recibiendo poca inversión extranjera directa, pese a contar con ventajas comparativas notorias frente a otras economías de la región, como la baja carga tributaria y la estabilidad de la moneda nacional, con un equilibrio macro que le hizo merecedor de la mención del grado de inversión por parte de la calificadora de riesgo-país Moody’s.

La respuesta a la inquietante interrogante del economista chileno provino de él mismo, cuando pidió corregir la debilidad institucional, la informalidad y el escaso desarrollo del capital social.

La arremetida contra las ONG por parte del cartismo le agrega a este cuadro negativo el condimento de la corrupción y la falta de seguridad jurídica.

La lucha contra estas lacras que son amenazas nefastas para la atracción de las inversiones, es encarada precisamente por varias entidades no gubernamentales de la sociedad civil que desde ahora podrían estar en grave riesgo de sobrevivencia en un ambiente en el que van a prevalecer las medidas de coerción de parte del mismo Estado, en el caso que Santi Peña no se anime a enfrentar las directivas provenientes del Quincho del poder fáctico a cargo de HC.

La colusión cartista

Resulta evidente que la ley anti-ONG forma parte del “paquete” con moño incluido de las medidas encaminadas a hacer realidad la pretensión del cartismo de fusionar el interés de este grupo empresarial con los altos destinos nacionales, como ya se ha notado en otro episodio relacionado con las sanciones de Estados Unidos contra Cartes por el tema del contrabando de tabaco a nivel continental y su conexión con el crimen organizado, el narcotráfico, así como con el financiamiento del terrorismo internacional.

Se registra así una suerte de “colusión”, que es un acuerdo hecho en forma reservada o clandestina entre dos o más personas con el fin de perjudicar a otros, lo que traducido a nuestra realidad política y económica se puede aplicar al poder cartista, que no ve mejor porvenir para la nación que confundir el destino del grupo empresarial con el supremo interés nacional, tal como ocurrió cuando la sanción económica al grupo Cartes se quiso igualar a un hecho que afectaba la soberanía del país, siendo suficiente muestra de este despropósito el caso del pedido de “adelantar” la salida del embajador norteamericano en Asunción, poniendo en jaque la alianza con USA y todo el amplio relacionamiento político, económico y cultural con la potencia hegemónica mundial, cabeza del hemisferio occidental y del “mundo libre”.

El concepto positivo que se tiene del Paraguay por sus condiciones óptimas para invertir, exige cumplir desde ya la recomendación de una mejor gobernanza, porque el grado de inversión podría perderse si es que no se cambia de actitud en relación a la sociedad civil y sus organizaciones sin fines de lucro que hoy están amenazadas por la aplanadora cartista.

La débil gobernanza es una asignatura pendiente para Santi Peña y la resultante falta de confianza en la instituciones compete especialmente al Poder Judicial, que deberá asumir un estricto papel independiente del poder fáctico.

Preservar la institucionalidad

Para tomar en serio la advertencia de los gobiernos amigos como Estados Unidos y la Unión Europea, así como de las organizaciones mundiales como Amnistía, se confirmó que la calificadora Standard & Poor’s (S&P) no concederá de momento el grado de inversión a Paraguay, porque exige replicar la fortaleza institucional de los entes rectores de la macroeconomía, como el BCP y el MEF (ex Hacienda), en la Justicia, la Fiscalía y en el respeto a las organizaciones de la sociedad civil.

Así como las instituciones económicas tuvieron un relativo éxito en enfrentar los efectos negativos de la pandemia en cuanto al equilibrio monetario y fiscal, S&P observa que falta todavía insistir más en que las finanzas públicas se vuelquen en mejorar la productividad en la economía y que para eso se necesita el incremento de las inversiones.

Sin embargo, enfatiza la calificadora que lo que se ve, por el contrario, es que la inversión extranjera directa no se ha materializado tanto en los últimos años, por lo que sería recomendable ir avanzando en tener instituciones judiciales más fuertes, y que los inversores perciban que se cumplen las leyes, con lo cual podría mejorar la percepción de la mejora institucional como una forma de atraer las inversiones.

Si Standard and Poor’s tardó 10 años en mejorar la calificación de riesgo-país, de BB a BB+ “estable”, en febrero pasado, la recomendación que realizan ahora a Paraguay es ir avanzando en tener instituciones judiciales más fuertes y que los inversionistas perciban que se cumplen las leyes.

Y que para una suba en la nota se deben esperar estas mejoras y la continuidad de lo realizado en materia de estabilidad macroeconómica así como el fortalecimiento de las instituciones.

Pero la inquietante interrogante aparece ante la prioridad dada por el cartismo a la ley represiva de tinte dictatorial contra las ONG, de clara naturaleza anticonstitucional, que va evidentemente de contramano al pedido de las calificadoras internacionales, cuando con el pretexto de la “transparencia” se quiere fulminar la sana crítica independiente de las entidades de la sociedad civil, existiendo además la intención solapada y ya casi explícita de pasar a la siguiente etapa represiva, que será contra la prensa comprometida con el alto interés patriótico.