Sin lugar a dudas existe una gran diferencia entre una persona honorable y otra que tiene como antecedentes comisiones de hechos no precisamente transparentes, resaltando por poco o nula credibilidad. En el caso de hacer saber hechos, también resulta de trascendencia quién es el mensajero de la noticia buena o mala.
Por ello siempre tiene tenores distintos lo que viene de un “pastor mentiroso”, ya lo anticipaba Esopo en su fábula.
Denuncias públicas sobre hechos ilícitos en la gestión pública preferentemente, tienden a ser considerados como graves, pero atado a de quién viene, pues en muchísimas ocasiones no son más que peroratas de resentidos que por destetarse escupen contra quienes sí tienen espacios.
En otras ocasiones, si bien el mensaje suele ser real, de tanto mentirse y haber estado en la sucia corrupción, no se le presta mucha atención por la poca consistencia moral de quienes vienen. Cuando el mensajero tiene poca credibilidad, “sus infrecuentes verdades tienden a no ser tomadas en serio”, pese a que se trate del destape de abominables hechos ilegales. De allí la trascendencia de que el mensajero deba ser íntegro, para arropar la noticia con veracidad.
De hecho que en todas las denuncias populistas, no se tienen fines patriotas de denunciar lo que está mal, sino el anhelo de figurar o desprestigiar a otros. Todo está asociado a un fin personal.
La noticia criminis es la información que pone en conocimiento de las autoridades la presunta comisión de un delito, y su valor radica en la veracidad y seriedad de quien la presenta. Por ello debe darse en las instancias pertinentes y no solo lanzar la piedra.
Cuando los denunciantes actúan con integridad, contribuyen al buen funcionamiento de la justicia, ya que permiten que los hechos ilícitos sean investigados y los culpables sancionados conforme a la ley. En cambio, si los denunciantes se convierten en “pescadores en río revuelto”, es decir, personas que aprovechan situaciones de confusión o crisis para hacer denuncias falsas o manipuladas, ponen en peligro la objetividad del sistema judicial como tantas veces.
Esto no solo afecta a los inocentes, que pueden verse perjudicados por acusaciones infundadas, sino también a las víctimas verdaderas, cuyo caso puede perder credibilidad en medio de denuncias espurias.
Todo denunciante deshonesto causa daños irreparables a la reputación y vida personal de aquellos falsamente acusados, lo que menoscaba no solo su entorno social y laboral, sino también el equilibrio y la paz social.
Quienes hacen una denuncia lo deben hacer con un compromiso ético claro y con pruebas fehacientes que sustenten sus acusaciones.
El abuso de la denuncia con fines oportunistas o revanchistas no solo es inmoral, sino que entorpece el propósito de la justicia y puede ser sancionado penalmente. Para que la justicia sea eficaz requiere también que quienes informan sobre delitos lo hagan con responsabilidad, claridad y honestidad, evitando convertirse en agentes de caos y desinformación en tiempos de incertidumbre.