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El mandatario llamó a recordar las consecuencias que trajo para su país la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se solidarizó este jueves con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al tiempo que recalcó la importancia de respetar “el debido proceso legal”, toda vez que la ausencia de fundamentos jurídicos para juzgar a un mandatario podría derivar en el desconocimiento de la voluntad popular, como ya sucedió en su país.
“Como alguien que ha sido víctima de todo tipo de persecución política, expreso mi solidaridad con el presidente Gustavo Petro. No se puede renunciar al debido proceso legal, especialmente cuando lo que está en juego es la voluntad del pueblo, expresada democráticamente a través de las urnas”, reza parte del mensaje que escribiera en X.
En la misma línea, Lula llamó a recordar que en 2016 la entonces presidenta, Dilma Rousseff, “fue víctima de un proceso de ‘impeachment’ sin base legal y ese fue el comienzo de un período turbulento y traumático en la historia de Brasil“.
El pasado 8 de octubre, Petro denunció que se había iniciado “un golpe de Estado” en su contra, luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara que él y tres miembros de su campaña serían investigados por la presunta superación de los topes de financiamiento fijados para la liza de 2022.
En apego a la legislación nacional, el jefe de Estado neogranadino sostiene que el ente comicial carece de facultades para investigarlo, pues ello es competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Además, en varias publicaciones ha aclarado que los señalamientos del CNE no están soportados en la realidad, puesto que no se corresponden a gastos de campaña e incluso se sustentan en facturaciones erróneas.
También han cerrado filas con Petro los gobiernos de México, Cuba y Bolivia y el Grupo de Puebla (una organización que aglutina a líderes progresistas de América Latina y España), que han expresado su “preocupación” por la investigación que se le pretende seguir y que, advierten, podría derivar en un intento para desaforarlo.
Entretanto, el Gobierno colombiano pidió medidas “provisionales” para el dignatario ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que la bancada oficialista colombiana solicitó a las Naciones Unidas hacer “un llamado internacional de defensa” de su mandato, en tanto se trata de “maniobras” para “socavar la gobernabilidad” y atentar contra “la estabilidad democrática”.