Escribe: Luis Alen.

El cartismo se apresta a dar un duro golpe a la sociedad civil organizada, con el evidente propósito de suprimir la actividad de potenciales opciones electorales opositoras, utilizando un “apriete” inconstitucional, al exigir a través de una ley de próxima vigencia que las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro (ONG), supuestamente para incentivar la transparencia, le entreguen al Gobierno información privada confidencial, con la amenaza de fuertes sanciones si no lo hacen, como la suspensión de sus actividades al más puro estilo dictatorial stronista, lo que conlleva un ataque directo a la democracia representativa, participativa y pluralista, que es la base de nuestro Estado de Derecho.

La posible ley de control de las ONG contiene graves normativas inconstitucionales e incluso contradicciones flagrantes en su redacción cuando reconoce la libre asociación con fines lícitos, para luego amenazar con una serie de “sanciones” a los directivos y socios por supuestas faltas en la provisión de documentaciones exigidas a las entidades, que podrían afectar hasta la privacidad documental de las personas, lesionando su intimidad, lo que está expresamente prohibido por la Constitución en su artículo 33.

La Carta Magna es categórica al señalar que “la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada son inviolables”. Agrega el mismo artículo que “la conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, estará exenta de la autoridad pública”.

La aplanadora colorado-cartista del Senado ya tiene previsto aprobar el instrumento legal anti-Organizaciones No Gubernamentales (ONG), identificadas en el proyecto de ley como OSFL (Organizaciones sin Fines de Lucro), con el fin de controlar a las entidades de la sociedad civil que son consideradas por el cartismo como contrarias a sus fines de copamiento del poder fáctico y legal de la República.

La proyectada ley anti-ONG sólo quiere amedrentar a las entidades privadas de bien público que ejercen de contralor a una gestión gubernamental muchas veces plagada de acusaciones de corrupción, que ellas sí resultan el caldo propicio para delitos como el lavado, el contrabando y los diferentes tráficos, incluyendo el de drogas y armas, cuya persecución resulta urgente llevar a cabo, en vez de la intención actual de poner palos a la rueda de las organizaciones sociales cooperantes con el Estado para bien de la ciudadanía toda, pero que son “peligrosas” para el cartismo, porque podrían poner en evidencia la corrupción y la impunidad, especialmente en la Fiscalía y el Poder Judicial, que ahora corren peligro de ser totalmente cooptados por los poderes fácticos.

Buscan la “muerte civil”

El Gobierno cartista está mostrando su verdadera hilacha autoritaria al pretender la vigencia de una ley que haría imposible cumplir su rol social a las entidades sin fines de lucro de la sociedad civil (ONG), que se dedican en su gran mayoría a cooperar con el mismo Estado en el cumplimiento de sus fines previstos en los planes de desarrollo y que de otro modo no contaría con los fondos para que se financien dichos programas de bien público, porque los aportantes, nacionales o foráneos, prefieren que sean las entidades cívicas autónomas las que administren y apliquen los recursos.

La jugada del cartismo consiste en diagramar la trazabilidad de los recursos financieros recibidos por las ONG, principalmente de gobiernos extranjeros como el caso de la USAID de los Estados Unidos, como forma de conocer también al mismo tiempo a las personas supuestamente beneficiarias de los fondos, que a criterio de la gente del Patrón HC se usarían con fines de apoyo a determinadas opciones políticas dispuestas a ir erosionando eventualmente el poder del unicato cartista.

Llama la atención que un vasto y excesivo arsenal de control en manos del Estado estará a disposición del Gobierno cuando la ley entre en vigencia una vez que Santiago Peña firme el decreto reglamentario, con el solo objetivo de identificar a personas del sector privado que cooperan con finalidades altruistas de la comunidad, por ejemplo empresas y sus dueños que realizan aportes monetarios en el ámbito de su responsabilidad social, y que incluso podrían sufrir las mismas sanciones de “muerte civil” en que caerían los directivos de las ONG que reciben sus donaciones para cooperar con finalidades lícitas y acciones de bien público, que de repente pueden ser sumariados por la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, si es que la actividad en cuestión no cuenta con la bendición del poder.

Santi Peña reconoció que no estaba de acuerdo con algunos puntos del polémico proyecto anti-ONG, lo que obligó a realizar  ciertos cambios al texto enviado por el Senado a Diputados, precisando más qué organizaciones de la sociedad serán las controladas, dejando a otras entidades civiles exoneradas del control propuesto.

Pero se descuenta que Peña no vetará la ley, para no contrariar una orden proveniente del comando de Honor Colorado liderado por su mentor político Horacio Cartes.

¿Dónde está el lavado?

La maniobra cartista de arremeter contra la sociedad civil organizada posee todos los visos de una “vendetta” contra la oposición, que en el período anterior se animó a investigar a Horacio Cartes por sus supuestas conexiones con el submundo criminal del lavado de dinero, por medio de la Comisión Bicameral presidida por el exsenador Jorge Querey.

La prioridad del cartismo resulta obviamente poner un cepo al financiamiento de la oposición que había osado investigar al Patrón, y que podría volver a unirse en las próximas elecciones para impedir la continuidad de HC en el poder.

La intención supuesta de evitar el lavado de dinero y otros activos, el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas, con el control a las ONG, ha sido sólo el pretexto utilizado para esconder torpemente la verdadera finalidad cartista de frenar el crecimiento político de los opositores al unicato, poniendo hasta en riesgo los programas necesarios de bienestar ciudadano que de otra manera no es capaz de concretar el Estado con sus miles de funcionarios que llenan las oficinas gubernamentales.

Es la razón de ser de la amenazante ley anticonstitucional, pero también ha sido utilizada la misma terminología para encubrir la verdadera finalidad de un organismo legislativo bicameral con el pomposo título de “Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos”, que no posee ninguna intención de ir contra lavadores o contrabandistas, pero que tiene también en la mira a las ONG, con la amenaza explícita de sancionar a emblemáticas entidades de la sociedad civil, hasta el extremo de utilizar órdenes judiciales de allanamiento para alzarse con documentaciones que le son negadas por estas organizaciones sin fines de lucro de neta actuación ciudadana altruista, que tienen razón cuando afirman que se hallan amparadas por la Constitución en el tema de la inviolabilidad del patrimonio privado documental de las personas.

La redacción de la ley ya llega a lo increíble en el caso de las sanciones de suspensión a las entidades, al ser extensibles a otras personas jurídicas, por ejemplo las empresas aportantes que colaboran con las ONG financiando sus actividades.

Esta es la cláusula que prácticamente haría imposible el funcionamiento de las ONG que no cuenten con la bendición del Quincho del poder o del Grupo empresarial predominante en el país, lo que podría llevar al extremo nefasto de que el cartismo de derecha se posicione al mismo nivel totalitario de las dictaduras izquierdistas de Nicaragua y Venezuela, donde miles de ONG han sido borradas del mapa por la misma clase de ofensiva política autoritaria que está siendo ensayada aquí por HC y sus oportunistas políticos.

El exagerado celo por fiscalizar a las ONG, a sus financistas y a los beneficiarios de los financiamientos, contrasta desde luego con la pobre o inexistente contraloría sobre los movimientos de dinero de origen dudoso que se dan en los oscuros negocios del contrabando, de los tráficos y de la economía negra en general, que también el Ministerio de Economía y Finanzas puede controlar, secundando la labor de fiscalización de la Seprelad, porque igualmente ya posee un registro de las sociedades comerciales y de los “beneficiarios” de sus fondos, tal como quiere ahora también instalar sobre las ONG, pero con un entusiasmo inusitado que no ha mostrado para promover el mayor control sobre los movimientos del mercado económico en negro.

Institucionalidad débil

Teniendo en la mira a las ONG, el cartismo está reconociendo, casi sin quererlo, la capacidad de la sociedad civil para actuar como contralor de la Justicia, de tal manera a devolver la confianza de la ciudadanía en las instituciones, lo que evidentemente obligará a los fiscales y magistrados para que ya no actúen de manera oportunista sólo en su provecho propio personal sino que se enfoquen en cumplir con su obligación de precautelar el interés general.

Es el caso reciente de los nombramientos de fiscales adjuntos por la Corte Suprema, de una lista de 10 ternas enviadas por el Consejo de la Magistratura, de las cuales resultaron elegidos igual número de agentes del Ministerio Público que contarían con la bendición de HC.

La abogada Esther Roa, de la organización “Somos Anticorrupción”, puso en tela de juicio la elección realizada por la Corte, al señalar que el máximo tribunal revisó la capacidad académica y la preparación de cada fiscal que está en pleno ejercicio de sus funciones, pero que, sin embargo, “no fue capaz de evaluar la calidad del trabajo de cada uno, cuántas causas manejan, cuántas desestiman, cuántos juicios con condena tuvieron”.

Para Roa, está claro que existe “un plan en ejecución para acaparar todo el poder, por parte del cartismo”. En ese sentido, apuntó que “el gobierno de turno tiene los resortes para acaparar todo el aparato estatal, para sacar y promover magistrados”. Así, concluyó que el Poder Judicial está sometido al poder político hegemónico actual.

De este modo, la institucionalidad débil representa para el país una seria limitación, debido a la escasa capacidad de enfrentar las arbitrariedades y la falta de Justicia.

Por tal motivo, la sociedad debe actuar como un contralor ciudadano que devuelva la confianza en las instituciones, lo que necesariamente redundará en el resultado positivo de un Poder Judicial que deje de lado la práctica recurrente de sus personas claves de incurrir en acciones de carácter oportunista.

La ciudadanía movilizada se erige así en el puntal de la recuperación institucional de la República, que es la garantía a su vez para lograr un sistema judicial acorde con la necesidad de conseguir un desarrollo social equitativo en el país.

Con estos antecedentes, crecen los motivos para redoblar la vigilancia de la sociedad civil sobre los casos no sólo de corrupción que siguen apareciendo en la administración pública, sino en la lucha contra el crimen organizado y sus actividades ilegales por excelencia como el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, que últimamente han evidenciado fuertes conexiones con exponentes de la política y del mismo Gobierno nacional.

Una nueva faceta debe asumir la contraloría ciudadana de casos judiciales, más aún cuando se nota la influencia de la narcopolítica en el país y la creciente amenaza de llegar a un Estado “fallido” con el reinado del crimen organizado, el sicariato y todas las actividades ilegales que dañan la economía del país, poniendo hasta en entredicho la posibilidad de llegar a la verdadera independencia judicial de los poderes fácticos, que es el reclamo unánime de quienes desean invertir en el Paraguay después del logro del grado de inversión.

Habrá que ver si tras el desafío planteado por el cartismo, las ONG se erigen finalmente en la avanzada para la recuperación de las instituciones en procura de la vigencia plena de la democracia, que es la única fórmula posible para el sostenido desarrollo económico, social y humano en nuestro país.