El intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, fue acusado ayer por el Ministerio Público en la causa conocida como “Tajy”, donde hay más 11 personas procesadas. La investigación, a cargo de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, confirma que los acusados cometieron un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la comuna esteña, a través de una licitación amañada durante la pandemia del Covid-19.
De acuerdo a los datos, Miguel Prieto y sus funcionarios “de confianza” realizaron una amañada compra de alimentos que nunca fueron entregados. “El 11 de junio del 2020, el intendente y los demás acusados, ocasionaron un perjuicio económico a las arcas municipales, mediante el pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes, luego de seguir un procedimiento diseñado a los efectos de beneficiar únicamente a dicha empresa”, expresa la acusación.
En la misma también fueron incluidos Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Buena Ventura Morínigo, propietario de “Tajy Servicios Generales” (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, representante Legal de la firma Vanemi SA (subproveedor de Tajy); accionista de Vanemi y primo de Emili; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC; Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal; Alex Samhat, jefe de la Planta Procesadora de Alimentos de la Municipalidad de Ciudad del Este y administrador de contrato. Igualmente, fueron acusados Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la municipalidad; Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de Órdenes de Pago de la municipalidad y Nelson Alexis Segovia Acevedo, Tesorero de la Municipalidad; todos por lesión de confianza y administración en provecho propio, ambos en calidad de cómplices; y de asociación criminal, en calidad de coautor.
Prieto y Arrúa fueron acusados por lesión de confianza, administración en provecho propio; ambos en calidad de coautores y de asociación criminal en calidad de autor para Miguel Prieto y para Francisco Arrúa, en calidad de coautor, según la carpeta elevada al juzgado pertinente.
El tiempo para la presentación del requerimiento conclusivo de los fiscales investigadores feneció ayer, a la media noche, por lo que los mismos presentaron en el transcurso de la mañana del martes dicha acusación. Igualmente, los agentes del Ministerio Público solicitaron que se eleve a juicio oral la causa, ya que concluyó el plazo para continuar la investigación.
PRUEBAS SUFICIENTES
Según lo expresado por el fiscal Corbeta, se cuenta con todos los elementos para probar, en juicio oral, que el intendente Miguel Prieto incurrió en lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El intendente de Ciudad del Este, en su carácter de ordenador de gastos y administrador general de la comuna, entre marzo y junio del 2020, con la colaboración de los coacusados, convocó y promovió una licitación “por la vía de excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos por pandemia Covid-19 (ID N° 382.239)”, con supuestos fines sociales, señala otra parte de la acusación. Sin embargo, el proceso de compra pública habría estado direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica funcional al intendente, en este caso, la empresa unipersonal “Tajy Servicios Generales”, de Buena Ventura Morínigo. Las mercaderías no solo, nunca se habrían proveído, sino que jamás fueron adquiridas por la empresa proveedora.