Una de las acusaciones más graves contra la empresa Cevima S.A. se da en lo que respecta al monto equivalente al salario, que según las afectadas inicialmente era de solo de G. 1.200.000, pero en los documentos figuraba salario mínimo. Para colmo, finalmente recibían solo G. 750.000. “Todas partes figuramos con salario mínimo, trabajábamos ocho horas, es más, yo cubría el turno de la noche, que en teoría debería ser mucho más. Entrabamos a las 22 y salíamos a las 06” expresó, al tiempo de indicar que recibían el depósito por el total del salario mínimo, pero al poco tiempo automáticamente les realizaban el descuento, quedando a veces incluso con apenas G. 500.000.
Varias de las afectadas ya presentaron su denuncia ante el Ministerio de Justicia y Trabajo. “Es muy fácil demostrar, porque en nuestro historial están todos los depósitos y descuentos. Trabajaron con más de tres bancos en todo este tiempo”, indicó.
En total fueron tres las mujeres despedidas por la encargada de la empresa, a quien identificaron como Alba Galván. En teoría la firma debe mantener un mínimo de nueve funcionarias que van rotando horarios. Hace apenas un mes, otras funcionarias también habrían sido desvinculadas, teniendo apenas algunas semanas de trabajo. “Cuando entramos a trabajar cobramos nuestro primer salario recién después de tres meses, por eso siempre quedan debiendo dos a tres salarios”, afirmó.
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Las afectadas fueron identificadas como Ambrosía Portillo, Lourdes Agüero, Natalia Irepa, Rosa Vargas y Laura Bravo, varias de ellas supuestamente desvinculadas sin razón aparente. Tanto en Ciudad del Este, como en Santa Rita utilizarían el mismo modo operandi.
NO FUERON DESPEDIDAS, RENUCIARON
Por su parte, la empresa Cevima S.A. indicó a nuestro medio que las mujeres en cuestión no fueron desvinculas, si no que renunciaron a sus empleos alegando varias razones, entre ellas sus estudios y pasantías e incluso falta de tiempo y compatibilidad con otros empleos, atendiendo que realizaban turnos alternados.
Negaron las acusaciones sobre los supuestos descuentos que se realizan sobre el salario de G. 1.200.000, asegurando que en varias oportunidades se dieron errores administrativos donde se les acreditó más de lo debido, pero nadie reclamó. Debido a ello, los meses siguientes se descontó el monto acreditado demás, a fin de equipararlos.
De igual forma, negaron malos tratos y abusos, alegando que siempre existió respeto y buen trato con los funcionarios, lo que se refleja en las charlas por las diversas vías. Otras versiones indican que por detrás de todo esto estaría un concejal de Santa Rita de nombre Richard Duarte, quien tendría la intensión de ganar popularidad por detrás del caso.