Ángel Devaca Pavón, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Católica, dio una entrevista a ABC Color y mencionó, entre otros puntos, que la Fiscalía debe dar un ejemplo con la intervención de la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Comuna de Asunción.
– Hay una desconfianza sistémica hacia esos manejos del municipio. Como analista, como experto auditor ¿cuál sería su dictamen?
– En contabilidad no hay secretos. Los recursos deben tener la garantía de ser utilizados de acuerdo a las normativas vigentes. Todo debe coincidir en los cuadros. De no ser así, un estado de cuentas irregular no puede ser aceptado…
– No hay términos medios…
– No. El asunto ese de los detergentes franceses, “detergentes de oro”, lleva ya varios años, de tiempos de la pandemia (de G. 250.000 el precio unitario apareció sobrefacturado en G. 390.000). Parecía que iba a terminar en el opareí aunque lo que publicó la prensa sobre su trazabilidad debiera ser un escándalo. Estuvo estancado desde 2021. Dicen que los funcionarios que estaban detrás viven muy bien. Nadie los molestó hasta ahora. Leí esta semana que por fin intervino la Fiscalía.
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– Ese es apenas un caso. Está el asunto de los G. 500 mil millones…
– Resulta alarmante y da piel de gallina descubrir la cantidad de miles de millones que manejan estos funcionarios sin control, con un destino completamente incierto. La Contraloría fundamenta que se violó la ley Orgánica Municipal y la Ley de Cuenta Única. Se le atribuye haber incluido el dinero de los bonos a la cuenta única, algo que está expresamente prohibido por la ley. El dinero tampoco se repuso aparentemente. Tampoco existen registros de que esos recursos hayan ido a salarios o gastos operativos.
– El intendente dijo que con el dinero de los bonos compró leche, combustible, transporte…
– Dado el contexto de la gestión pública en Paraguay, caracterizado por problemas de control, corrupción y déficit, el descontrol municipal y sus gastos descomunales como el que se menciona, esas millonarias transferencias que estamos viendo que se hacen sin destino claro; esa publicación de documentos municipales que no revelan el uso final de los fondos, la controversia sobre el uso de fondos de bonos para gastos corrientes por parte de la administración municipal en el caso de Asunción, reclama la investigación fiscal y medidas concretas y estructurales para transparentar las cuentas.
– Se habla de miles de millones y las explicaciones que da el intendente Óscar Rodríguez, lo único que hacen es enredar más un asunto que huele a uso turbio de la plata.
– Indudablemente la corrupción sistémica en diversas instituciones del Estado afecta gravemente la eficacia del gobierno y la confianza de los ciudadanos. Los casos recurrentes de malversación de fondos y la falta de transparencia en la administración pública son evidentes.
– Son gastos injustificados, desordenados, descontrolados…
– El descontrol en la gestión municipal y los gastos descomunales de los que se habla representan un problema significativo. No solo Asunción, muchas municipalidades en Paraguay carecen de una administración financiera eficiente. El resultado es lo que estamos viendo: el uso indebido y desproporcionado de los recursos públicos. Los fondos destinados a obras y servicios esenciales muchas veces se desvían para cubrir gastos administrativos innecesarios, poniendo en riesgo la contribución de los ciudadanos.
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– El “bicicleteo” también parece ser una institución para maquillar esos giros nebulosos que se hace con el dinero público…
– Esa práctica conocida como “bicicleteo” financiero, implica la transferencia continúa de fondos sin un destino final claro. Es una táctica común que perpetúa la opacidad en la gestión pública. Las millonarias transferencias sin una rendición de cuentas adecuada generan sospechas y desconfianza. El manejo irresponsable de los fondos públicos refuerza la percepción de corrupción.
– La Municipalidad publicó cerca de 250 documentos sobre movimientos bancarios. La intención aparente es marear a los contralores…
Claro. No se incluye información crucial sobre el destino final del dinero. Este acto de transparencia a medias solo aumenta la frustración y el escepticismo de los ciudadanos que exigen una rendición de cuentas completa y detallada sobre los fondos de la administración municipal.
– ¿Ellos pueden transferir a una cuenta única como dicen, para usar desde ahí donde se necesite?
– Esta práctica ha generado una amplia controversia. La falta de claridad sobre la disponibilidad real de los fondos y la ausencia de un plan concreto para reembolsar el dinero destinado a las obras son preocupaciones legítimas. En el derecho público hay una máxima que dice: “Lo que no está permitido está prohibido”. Lo que se hizo en este caso no se compadece.
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– Aquí se plantea otra vez como siempre ¿quién puede salvarnos de la deshonestidad que destilan estos administradores del Estado?
– No es la primera vez que yo vengo remarcando el uso alegre del dinero municipal. Los políticos avivados conocen bien el terreno de la transa. No tienen miedo porque gozan de impunidad, salvo algunas excepciones. Cuidado. Los políticos que manejan cuentas con absoluta desprolijidad, según vemos por experiencias pasadas, son los mayores creadores de pobreza. Los perjuicios que causan son enormes. Están ahí los pocos casos que trascienden al ámbito judicial, aquellos escándalos con las gobernaciones, las intendencias, el alimento escolar, los desvíos de inversiones en infraestructura. Es un carnaval permanente y repetitivo. Hace falta una intervención fuerte y ejemplar de la Fiscalía…
– La Contraloría por lo menos fue contundente…
– Por eso digo, ¿qué más se puede aportar para proceder a investigar? La situación actual destaca por otra parte la necesidad urgente de reformas estructurales en la gestión pública. Es imperativo establecer mecanismos más robustos de control y rendición de cuentas para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. La transparencia y la responsabilidad en la administración no solo son esenciales para recuperar la confianza ciudadana, sino también para garantizar el desarrollo sostenible y equitativo del país.