Es como delatarse, el intento de llevar cualquier investigación legislativa, fiscal, ciudadana, sobre malos manejos del dinero público, o pedidos de informes sobre usos de recursos del FONACIDE, hacia una cuestión política persecutoria. De la misma forma, rasgarse las vestiduras por eventuales vigencias de leyes que obliguen a rendir cuentas a ONGs que reciben dinero estatal, es como confirmar que no precisamente se utiliza de manera correcta esos bienes. No existe forma de defender lo indefendible.
Hace un buen tiempo que en todos los municipios está de “moda” la idea que todo intento de transparencia sea catalogado como “satanizante”, o maldad de adversarios. Existen elementos claros y contundentes por aberrantes acciones que son suficientemente consistentes como para que mínimamente se dé averiguaciones objetivas. Las comunas son como madrigueras de delincuentes de cuello blanco.
La incoherencia tremenda que sí es palpable, indisimulable y hasta incuestionable, la experimentan los “perritos” de cada grupo a fin a ejecutivos comunales que se desenvuelven en la inmundicia, con tal de no perder privilegios. La exigencia de transparencia jamás será de mala intención. ¿Quiénes temen a la transparencia? La respuesta es más que clara por lo que no hay disuasión que sirva. Las investigaciones deben darse periódicamente, por lo que blindarse a insignificantes pedidos de informes, dan más sustento a que “algo pasa” en las cuestiones de manejo del dinero público.
En vez de buscar pretextos para no ser investigados, y en el caso puntual entregar extractos, pedidos de informes, deberían someterse enteramente, sin sobresaltos o cuestionamientos a cualquier investigación. Aunque resulta poco probable que alimañas caminen por propia voluntad a la “hoguera” por sus crímenes. No es de extrañar la conducta de los grandes “pro-hombres”, teniendo en cuenta que de empalagosas publicidades sobre transparencia y honestidad, cuando viene un pequeño pedido de informe, se rasgan las vestiduras.
No se puede cuestionar un intento de investigación, si solo apuntará a confirmar el buen manejo que se hace de la cosa pública. Salvo que efectivamente se los ha destinado no precisamente a beneficio del pueblo. Todo intendente debería estar más que satisfecho al ser objeto de alguna eventual investigación, pues solo confirmaría buen manejo de la cosa pública. Ningún medio de comunicación debería ser tachado de “resabio” o mercenario, sencillamente por publicar irregularidades.
Las explicaciones deben ser coherentes y reales, no cubiertas con fantasmas de persecución. Esto incluye a organizaciones civiles que son los que más critican a gestiones oficiales. Antes que atacar a opositores, deberían preocuparse por transparentar toda gestión. Ninguna “agresión” política tendrá vigencia por sobre la ley. Igualmente, de confirmarse irregularidades, la sanción deberá ser severa y conforme a Derecho. Utilizar el gastado escudo de persecuciones, solo puede tener efecto en ciudadanos carentes de yodo. Ningún fin justifica los medios, y cada centavo del dinero de la gente, y para la gente debe ser destinado de manera correcta, en respeto pleno a las normativas vigentes.
